Los supervivientes de la masacre escolar de Florida se han erigido en el poderoso contrapunto a la pasividad política para atajar el problema endémico de las armas en Estados Unidos. Menos de una semana después del tiroteo de Parkland, en el que 17 estudiantes y tres profesores fueron asesinados a balazos por un exalumno que había sido expulsado del instituto Marjorie Douglas, los compañeros de los fallecidos se han movilizado para reclamar soluciones y denunciar la connivencia de la clase política con la industria de las armas. En entrevistas, columnas de opinión y en las vigilias por las víctimas, su voz ha resonado con una fuerza desconocida desde hace años. «Esto no va de republicanos contra demócratas, sino de aquellos que tratan de matarnos contra aquellos a los que no les importan nuestras vidas. Nosotros somos los niños, ustedes son los adultos, pero están actuando como unos niños», dijo Cameron Kasky, un alumno de secundaria.

Los estudiantes se enfrentan a una misión casi imposible, aunque no les está temblando el pulso para señalar con nombres y apellidos al presidente Donald Trump, al gobernador de Florida, Rick Scott, o al senador Marco Rubio, tres de los más fieles defensores de las armas y aliados de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), el lobi que compra voluntades con sus donaciones electorales y la movilización visceral de sus millones de afiliados. En los últimos tres ciclos electorales, la ANR se gastó más de 10 millones de dólares en contribuciones de campaña. Por el momento, han conseguido que Trump acepte reunirse mañana con ellos y un grupo de profesores o que esté dispuesto a contemplar un proyecto de ley para mejorar los background checks, el sistema para prevenir que los estadounidenses con antecedentes penales puedan comprar armas legalmente.