"'Do you speak english'", pregunta Christine con un fuerte acento francés. "'Yes'", responde Mohamed, sentado frente a la enérgica mujer morena de 42 años en un despacho con las paredes forradas de corchos con horarios, notas y carteles informativos. Las respuestas del chico dibujan una historia que nace en Ghana hace 17 años, pasa por Libia, donde perdió la pista de su padre, continúa en Italia y prosigue en Marsella, a donde llegó el pasado 25 de febrero.

En el organismo que se encarga de atender a los menores no acompañados (Addap 13) le dijeron que no tenían sitio y le dieron una dirección: 59 boulevard Saint Just. "Es increíble! Cuando no son ellos son los policías, los asistentes sociales o el 115. Todos los mandan aquí!", se indigna Christine.

Ella es una de las voluntarias del antiguo albergue de la diócesis de Marsella, casa 'okupada' desde el 18 de diciembre de 2018 en la que, a mediados de febrero, había 200 personas, inmigrantes solicitantes de asilo, menores no acompañados, familias y niños. Tres juegan al fútbol en el largo pasillo que lleva a la cocina donde Bertrand, otro voluntario, distribuye alimentos que envía la asociación Emaús.

Pan, leche y sardinas

A Mohamed le ha dado una caja con mandarinas, pan, leche y una lata de sardinas. Mientras, Christine le explica móvil en mano que está buscando una habitación para él. "En el squatt no hay sitio, y además lo van a cerrar, dice, recordando que la justicia ha ordenado la expulsión. Sus llamadas dan fruto y Mohamed podrá dormir esa noche en uno de los tres centros que la oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) tiene en Marsella desde el pasado 2 de enero.

Después de evaluar la situación en distintas ciudades del sur de Francia, llegaron a la conclusión de que era urgente actuar en Marsella, donde los menores no acompañados esperan en la calle hasta 4 meses antes de ser llevados a un centro de acogida, con el riesgo de convertirse en presa fácil de todo tipo de mafias.

"No es normal que MSF esté obligado a intervenir en Marsella. Eso demuestra que la situación no es la ideal", cuenta a este diario Laurianne Boudam, coordinadora de proyectos de la organización humanitaria, quien calcula que hay entre 200 y 250 menores. Por sus tres centros -con una capacidad total de 85 plazas- han pasado 80 personas.

"Nuestro objetivo no es reemplazar al Consejo departamental. Los alojamos para evitar que caigan en las redes de prostitución o de drogas. Hemos venido a apoyar a quienes ya trabajan en este terreno", agrega Boudam. Los chicos llegan a Francia a través de la frontera italiana y española. Son paquistanís, afganos, malienses, guineanos, marroquís o argelinos.

Violación de derechos

MSF denuncia que Francia incumple la Convención de los derechos del niño al no proteger a los menores y lo achaca más a una voluntad política que a un problema real de capacidad de acogida. "Hemos demostrado que se pueden encontrar sitios rápidamente. Ningún propietario nos ha dado con la puerta en las narices. Marsella tiene muchas colonias de vacaciones que en invierno están vacías", subraya Boudam.

"El Consejo departamental debe de hacerse cargo de los menores. No pueden delegar esa responsabilidad en las asociaciones. No hay ningún tipo de atención para solicitantes de asilo, menores o familias. Nuestros locales cada día reciben más gente con necesidades vitales, abunda Marie Lindemann, encargada de los proyectos regionales de la asociación La Cimade. Por el edificio destartalado de Saint Just, situado enfrente del Consejo departamental de Bocas del Ródano, han llegado a pasar hasta 350 personas.

Mona, voluntaria de 56 años, anima a uno de los chicos a seguir estudiando para encontrar un trabajo mejor que el de limpiacristales. A pocos días de las elecciones municipales rebosa escepticismo. "No va a cambiar nada. Pueden venir y echarnos en cualquier momento, al fin y al cabo esto es un local ocupado. Los vecinos no lo quieren y yo les entiendo".