La cancillera alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente español, Pedro Sánchez y el primer ministro italiano Giuseppe Conte se han reunido a primera hora de este sábado con el primer ministro holandés Mark Rutte en un intento de convencerle para descongelar la situación del fondo europeo para la recuperación.

En este primer contacto, previo al inicio de la segunda jornada de negociaciones de la cumbre de la UE, que se ha retomado a las 11.00, también han participado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En las casi catorce horas de reuniones el viernes apenas se consiguieron avances.

Los líderes de las cuatro grandes economías de la UE han departido con el holandés, que representa la posición más dura en las negociaciones al exigir que las ayudas europeas del plan de recuperación tengan que ser aprobadas por unanimidad, lo que daría a su gobierno el poder de exigir reformas laborales o de pensiones antes de dar luz verde a los desembolsos.

Precisamente la condicionalidad del fondo fue el gran tema de debate durante la jornada del viernes, que terminó siendo "avinagrada" a última hora de la noche, según la descripción que hizo el propio Rutte en declaraciones a la prensa.

HOLANDA, AISLADA

Países Bajos ha abanderado esta exigencia en la que se encuentra aislado, puesto que sus socios más habituales (Dinamarca, Suecia y Austria) consideran que sería suficiente un control de los planes que requiera el visto bueno una mayoría cualificada de los Estados miembros para salir adelante.

España considera que la posición de Países Bajos es "inaceptable" y defiende un sistema más "agil" y eficiente y que derive estas decisiones a órganos menos politizados. Prefiere también el liderazgo de la Comisión Europea en este mecanismo de control de los planes.

Sin embargo, los países del norte sí que comparten la opinión de que el fondo de 750.000 millones es demasiado grande, por lo que reclaman recortar algunas de sus partidas. Algo a lo que se oponen también España e Italia, que consideran que la cifra que hay sobre la mesa es el mínimo aceptable.