Negociaciones frenéticas en Washington para tratar de salvar el último ultimátum de Donald Trump. Un guion que empieza a ser recurrente. Como ya ocurrió hace unas semanas con China, esta vez es México el que está en la diana del jefe de la Casa Blanca, que ha amenazado con imponer aranceles a su principal socio comercial si no frena en seco la llegada de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos.
Trump ha fijado el lunes como fecha para que comiencen a aplicarse los gravámenes, que empezarán siendo del 5% para aumentar gradualmente hasta el 25% en octubre. Esta nueva vuelta de tuerca arancelaria ha sublevado al Partido Republicano, que se opone a abrir un nuevo frente en la guerra comercial. Los mercados están nerviosos y los empresarios echan humo, pero Trump no parece dispuesto a dar marcha atrás.
Si no se alcanza un acuerdo, empezaremos a aplicar aranceles del 5% el lunes, con los incrementos mensuales que están previstos, tuiteó Trump el miércoles antes de insistir este jueves que México tiene que estar a la altura de las circunstancias. El plan es que los impuestos a las importaciones desde México crezcan un 5% cada mes, hasta llegar al 25% en octubre.
SOLICITANTES DE ASILO
La medida ha creado una enorme preocupación entre los empresarios, los importadores y las autoridades de numerosos estados por la interdependencia que existe entre México y EE UU, cuyas economías están profundamente entrelazadas desde los años noventa, cuando entro en vigor el acuerdo de libre comercio entre ambos países y Canadá (NAFTA). Ese acuerdo ha sido renegociado y tiene que ser todavía ratificado en las tres capitales, un trámite que podría descarrilar si la guerra comercial toma cuerpo.
Trump pretende solucionar en una semana un problema extraordinariamente complejo y con raíces muy dilatadas en el tiempo. Según han contado sus lugartenientes, en las negociaciones con las autoridades mexicanas, Washington les ha exigido que blinden su frontera con Guatemala para impedir la entrada de inmigrantes centroamericanos; que ponga coto a las mafias que controlan el tráfico de indocumentados a EE UU, un negocio en manos del narco; y que se haga cargo de todos los solicitantes de asilo antes de que lleguen a territorio estadounidense. La situación en el río Grande, ahora sí, es muy delicada. El mes pasado fueron arrestados en la frontera 144.000 inmigrantes, la cifra más alta de los últimos siete años.
El miércoles comenzaron las negociaciones y, aunque ambas partes hablan de progreso, por el momento no hay acuerdo. El peso ha empezado a perder valor respecto al dólar y las agencias de calificación de riesgos han empeorado la fiabilidad de la deuda mexicana. Este mismo sábado el presidente Manuel López Obrador, que hasta el momento ha evitado la guerra dialéctica con Trump, viajará hasta Tijuana "para defender la dignidad de los mexicanos".
CUNA DEL AUTOMÓVIL
La inquietud también se ha instalado al norte del río Grande. Michigan, Texas, California, Illinois y Ohio están llamados a ser los estados más perjudicados por los nuevos aranceles, dado el peso que las importaciones mexicanas (desde automóviles a televisiones o productos agrícolas) representan en sus economías. En Michigan, cuna del automóvil, superan el 10% de su PIB. Un informe de la consultora The Perryman Group sostiene que solo el arancel inicial del 5% podría provocar la pérdida de 400.000 empleos. No hay motivos para que los ganaderos, agricultores y pequeños empresarios de Texas tengan que pagar el precio de estos impuestos masivos, dijo la víspera el senador republicano Ted Cruz.
La Casa Blanca ha tratado de buscar el respaldo de los conservadores a la estrategia del presidente, pero se ha encontrado con una oposición frontal, inédita hasta ahora en sus tres años de mandato. No se oyó ni un solo sí, explicó Cruz tras la reunión mantenida el miércoles por los senadores con el asesor legal de la Casa Blanca. De hecho, han sugerido que están dispuestos a vetar los aranceles, una maniobra que requeriría dos tercios de los votos en cada cámara del Congreso.
