En las calles, en las redes sociales y en los tribunales. La asonada birmana cumple dos semanas con el Ejército atareado en embridar las protestas en todos los frentes y desatendiendo las críticas globales. Las manifestaciones que exigen la restitución democrática y la liberación de sus líderes políticos son ya cotidianas en varias ciudades del país sin que el progresivo amontonamiento de militares las adelgace.
Los vehículos blindados han aparecido por primera vez en las calles de Rangun, la principal ciudad del país, señala la prensa local. Y, a pesar de ellos, estudiantes universitarios marcharon esta mañana por un distrito septentrional. También hubo protestas en la ciudad sureña de Dawei, acompañadas de una banda de música. Y en Myitkyina, la capital de Kachin, ayer se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes que terminaron con disparos, según videos colgados en las redes sociales, aunque no está claro si fueron balas de goma o munición real. La dinámica actual y la hemeroteca insinúan la tragedia. No hay indicios de agotamiento en el movimiento democrático ni precedentes de protestas gestionadas con tacto por el Ejército birmano en las últimas décadas.
Reforma del código penal
Los militares, que dictaron el estado de emergencia tras su asonada, han modificado por la vía de urgencia el código penal para desincentivar las protestas. La incitación al odio hacia el gobierno y el entorpecimiento de la acción de las fuerzas de seguridad se paga ya con veinte años de cárcel, informaba una web vinculada al Ejército. También se arrogaron el fin de semana las competencias para detener y registrar propiedades privadas. Y han alargado la detención de Aung San Suu Kyi, la lider birmanaque hoy tendría que haber sido liberada tras las dos preceptivas dos semanas. Seguirá retenida al menos hasta el miércoles, ha explicado su abogado, cuando está fijada la vista oral del juicio por violar la Ley de Importación con la media docena de walkie talkies que utilizaban sus guardaespaldas. “Decide tú mismo si el proceso es justo o no”, ha respondido su abogado, Khin Maung Zaw, quien aún no ha podido ver a su cliente.
“Es como si los generales le hubieran declarado la guerra al pueblo”, ha resumido Tom Andrews, encargado especial de Birmania de la ONU. “Redadas de madrugada, crecientes arrestos, más derechos conculcados, otro apagón de internet, convoyes militares entrando en comunidades… Son signos de desesperación. Atención generales: se os hará responsables”, ha advertido.
No hay signos de un regreso temprano de la cotidianeidad. Varias ciudades están sometidas a toque de queda y en la noche de ayer fue cortado de nuevo internet en todo el país. Las huelgas han alterado el funcionamiento ya de sectores críticos como la sanidad o la aviación. Varios vuelos internacionales han sido cancelados por el absentismo de los controladores.
La asonada del 1 de febrero finiquitó una década de frágil proceso democrático, siempre apadrinado por los militares. La humillante derrota en las elecciones de noviembre, con apenas una cuarentena de asientos, precipitó su regreso al poder y la detención de decenas de representantes políticos.
