La junta militar de Birmania (Myanmar) canceló la licencia a cinco medios de comunicación independientes que informan a diario sobre las manifestaciones en rechazo del golpe de Estado del 1 de febrero.

El canal público MRTV, ahora controlado por el Ejército, anunció anoche la revocación de los permisos para los medios Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma, Mizzima y Khit Thit News, que retransmiten las protestas en directo y hacen un seguimiento sobre la brutal represión efectuada por las autoridades.

Redes sociales

Conforme al anuncio, estos medios no podrán continuar informando sobre lo que acontece en las manifestaciones, aunque este martes y a pesar del veto continúan publicando noticias en las redes sociales.

En la tarde del lunes y antes del anuncio, soldados y policías hicieron una redada en la sede del portal Myanmar Now en Rangún, la antigua capital y ciudad más poblada del país, y se incautaron de ordenadores, impresoras y de un servidor de datos, informa el propio medio.

"Estamos ahora en un punto en el que continuar haciendo nuestro trabajo significa correr el riesgo de ser encarcelados o asesinados. Lo cierto es que no dejaremos de cubrir los enormes crímenes que viene cometiendo el régimen (militar) en todo el país", indicó Swe Win, editor jefe de Myanmar Now.

Al menos seis periodistas han sido acusados por las autoridades de violar las leyes de orden público -penado con hasta 3 años de cárcel-, según el abogado de la agencia de noticias estadounidense Associated Press, que cuenta con un fotógrafo entre los arrestados.

Reporteros Sin Fronteras condenó la semana pasada en un comunicado la persecución de la junta militar contra los profesionales de los medios de comunicación, y la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania (Myanmar) cifra en al menos 34 los periodistas detenidos desde el golpe de Estado.

Brutal represión

Los birmanos iniciaron el lunes una huelga general que busca parar la economía del país como medida de presión contra la junta militar, mientras la brutal represión de las protestas en favor de la democracia dejó ese día al menos tres muertos.

La AAPP contabiliza 1857 detenidos desde la asonada, incluidos 319 ya en libertad, y sitúa la cifra de fallecidos en más de 50, aunque señala que la cifra real podría ser mayor ya que no ha podido verificar todas las informaciones.

Cientos de manifestantes pudieron abandonar durante la mañana de este martes sus escondites en un céntrico barrio de Rangún que permaneció cercado por las fuerzas de seguridad toda la noche.

Los manifestantes, muchos de ellos mujeres que habían participado en las marchas con motivo del Día de la Mujer, quedaron acorralados en el barrio de Sanchaung, en el sureste de Rangún, después de que la Policía bloqueara todos los accesos a la zona a última hora de la tarde del lunes.

Las fuerzas de seguridad lanzaron granadas aturdidoras y dispararon en repetidas ocasiones mientras los manifestantes reclamaban a gritos que les dejaran salir. Muchos de ellos se escondieron en casas de vecinos a la espera que la policía y los servicios secretos, que intimidaron a los residentes aporreando las puertas casa por casa, levantaran el asedio.

Escondidos

El cerco terminó alrededor de las 4.00 de la madrugada (21:30 GMT del lunes) pero algunos de los acorralados comentaron a Efe que aún esperaron hasta la salida del sol para abandonar sus escondites ante el temor de que la retirada fuera una treta de los uniformados.

Al menos 40 personas fueron detenidas durante el asedio, indicaron a Efe testigos, que señalaron que camiones militares abandonaron el lugar con los arrestados.

La tensión y la incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo llevó a las embajadas de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá a pedir al Ejército y a la Policía que permitieran a los cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, abandonar la zona y volver a sus casas.

Al ser informado de esta situación de alta tensión, el secretario general de la ONU, António Guterres, exigió anoche a las autoridades birmanas la liberación de los manifestantes acorralados y pidió máxima contención a las fuerzas de seguridad. La ONU volvió a insistir además en que se debe respetar el derecho a la protesta pacífica y que los manifestantes no deben sufrir ningún tipo de represalia.

El Ejército birmano justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño y en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por la Nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.