El temor a una nueva explosión de violencia política se ha apoderado de Venezuela tras el asesinato de Danilo Anderson, el fiscal encargado de los procesos contra los líderes opositores que participaron en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril del 2002. Anderson falleció el jueves, a eso de la medianoche (hora local), al estallar dos artefactos que habían sido colocados bajo la silla de la camioneta que conducía por las calles de Caracas. Según el ministro de Interior, Jesse Chacón, las bombas fueron activadas por control remoto.

La identidad del cadáver sólo pudo ser confirmada pasado el mediodía de ayer, ya que el cuerpo quedó carbonizado e irreconocible. Amenazado de muerte en varias ocasiones, Anderson ya había sido agredido por unos desconocidos en octubre, cuando compraba en un supermercado. La oposición venezolana lo consideraba el "brazo ejecutor" de lo que creían la "venganza" de Chávez por el golpe del 2002. Entre los restos del vehículo siniestrado, las autoridades hallaron los dos revólveres y tres teléfonos móviles que el fiscal llevaba encima.

CENTENARES DE VIGILADOS Anderson, de 38 años, abogado de la Universidad Central de Venezuela, exdirigente estudiantil y militante de la izquierda radical, encabezaba la investigación contra los que participaron y apoyaron el golpe de Estado contra Chávez. Entre los investigados se encuentran unos 400 políticos, abogados, empresarios y exmilitares vinculados a la oposición antichavista. Su muerte obligó a Chávez a suspender su viaje a Costa Rica, donde tenía previsto participar en la Cumbre Iberoamericana.

Aunque algunos sectores oficialistas calificaron la acción como "un asesinato político que tiene como objetivo primordial amedrentar al poder judicial", el vicepresidente, José Vicente Rangel, se expresó con cautela y señaló que el Gobierno asume los hechos "con extrema responsabilidad y absoluta seriedad".

"No asumiremos la investigación de este brutal acto terrorista, al que el Gobierno concede una gravedad extraordinaria, haciendo señalamientos a priori, pero se hará a fondo y se aplicará la ley con todo rigor, y esto no es retórica", afirmó Rangel, que destacó que las autoridades aún no tienen una hipótesis clara sobre la autoría del atentado. No obstante, dijo que el asesinato "fue un golpe contra el Estado de derecho y contra la política de diálogo del Gobierno".

"Este es un acto de violencia desesperada --reaccionó el fiscal general, Isaías Rodríguez--, con todas las características de un terrorismo con el cual se quiere intimidar al ministerio público para que no se continúe con algunas investigaciones que pudieran establecer responsables". Rodríguez, que ha designado al fiscal Gilberto Landaeta para investigar el homicidio, explicó que "todo el ministerio público lo asumirá como un atentado en su contra y contra las instituciones del país".

Los partidos políticos de la oposición también condenaron el asesinato. Henrique Capriles, que pasó tres meses en prisión por imputaciones que Anderson formuló en su contra, calificó el atentado de "terrorismo" y lo atribuyó a sectores "radicalizados". El dirigente de la extinta Coordinadora Democrática, Pompeyo Márquez, por su parte, expresó su "condena categórica". "Independientemente de que Anderson haya sido un instrumento represivo de este Gobierno, no puede ser la solución un atentado terrorista", agregó.

TEMOR A UNA NUEVA RADICALIZACION El asesinato de Anderson ha despertado el temor de los venezolanos a una mayor radicalización del país. Tanto la clase política como la Iglesia católica clamaron por la reconciliación frente a hechos como el de ayer, "que conspiran contra la democracia, el Estado de derecho y la posibilidad de construir un país en paz", según el cardenal Baltazar Porras.

Desde el golpe del 2002, el presidente Chávez y la oposición han protagonizado una encarnizada lucha política que, aunque zanjada en favor del presidente con su victoria en el referendo revocatorio celebrado en agosto pasado, aún mantiene polarizada a la sociedad venezolana.