Después de haber prestado declaración durante 15 horas ante la policía judicial en calidad de detenido y otras tres horas ante los jueces, Nicolas Sarkozy ha sido imputado esta madrugada por "corrupción activa", tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional. Se trata de una situación inédita, puesto que nunca hasta ahora un expresidente francés había sido detenido por la justicia. En la República, todos los jefes de Estado pierden la inmunidad a los tres meses de abandonar el Elíseo.
El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.
En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han sido imputados su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert. Los tres han tenido que prestar declaración ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que Sarkozy, abogado de profesión, ha renunciado.
Información sobre investigaciones judiciales
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo. Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al palacio del Elíseo en el 2007. Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la Administración de Mónaco, que nunca obtuvo. Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.
Herzog y los magistrados Gilbert Azibert y Patrick Sassoust son sospechosos de haber filtrado información confidencial sobre el 'caso Bettencourt', del que Sarkozy salió finalmente exculpado de la acusación de abuso de la debilidad de la anciana heredera de L’Oreal para financiar su campaña presidencial en el 2007.
Relación con el 'caso Gadafi'
Las jueces indagan si el expresidente conservador tenía a su disposición una "red de informadores" en el seno de la policía y de la justicia para estar al corriente de las pesquisas internas que pudieran constituir una amenaza. Las detenciones tienen su origen en las escuchas ordenadas por el juez del 'caso Gadafi', que investiga si el fallecido dictador libio financió --con 40 millones de euros-- la campaña de Sarkozy. La policía pinchó incluso los teléfonos contratados con nombres falsos reservados para las conversaciones sensibles. En estas conversaciones aparece la filtración de información confidencial del sumario, facilitada principalmente por Gilbert Azibert, presuntamente a cambio de obtener un cargo de consejero en el Gobierno de Mónaco.
El vuelco que ha dado la investigación coincide con la intención de Sarkozy de regresar a la primera línea política. Se produce además en un momento particularmente delicado para la derecha francesa. Sumida en una profunda crisis ideológica y de liderazgo, en la Unión por un Movimiento Popular (UMP) no todos han salido en defensa del expresidente. Mientras los fieles denuncian un "encarnizamiento" de la justicia, los dirigentes de la línea moderada que se han hecho cargo de la dirección interina tras la dimisión forzada del presidente del partido, Jean-François Copé, por un presunto caso de corrupción, han guardado un elocuente silencio.
Los problemas judiciales amenazan con dar al traste con la operación retorno de Sarkozy. El expresidente aparece salpicado en una media docena de casos, la mayoría relacionados con la financiación de sus campañas.
