La palabra "masacre" se repite en boca de los colombianos a lo largo de agosto. Todos saben de qué se trata: homicidios colectivos con al menos cuatro víctimas. Solo durante los últimos días fueron asesinadas 17 personas en tres episodios en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño. En solo dos semanas han perdido la vida 37 ciudadanos. El nuevo pico de violencia no sorprende a las organizaciones de derechos humanos ni a los especialistas. Juan Carlos Garzón, investigador de Ideas para la Paz (Ideapaz), recordó que en lo que va del 2020 han fallecido 182 colombianos bajo circunstancias similares.

Los hechos, según estas organizaciones, tienen un denominador común: se perpetran ante la ausencia o indiferencia del Gobierno, que atribuye las matanzas al narcotráfico. El nuevo ciclo de tragedias se inició el 11 de agosto en la periferia de la ciudad de Cali, donde cinco adolescentes de entre 14 y 15 años fueron acribillados, e incluso uno de ellos degollado, sin que se haya podido dilucidar con certeza el motivo de los crímenes. La muerte se naturaliza en un país que no termina de cerrar las heridas de más de medio siglo de un conflicto armado y en cuyo territorio proliferan a la vez facciones guerrilleras que no aceptaron el acuerdo de paz del 2016, grupos de ultraderecha y narcotraficantes con distinto poder de fuego. "Nos duele la indiferencia de todos nosotros frente a este dolor", dijo el director de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho, Carlos Alberto Arcila Valencia.

La violencia es un drama circular. Bajo los gobiernos del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), se registraron 177 masacres, con 889 fallecidos. Uribe se encuentra bajo arresto domiciliario en una causa por sobornos y falsos testimonios que se relaciona con acciones paramilitares. Bajo la gestión de su sucesor y enemigo político, Juan Manuel Santos (2010-18), las cosas no fueron mejores. La cantidad de masacres fue similar, pero el número de asesinados fue de 769. Iván Duque promedia su primer mandato con 40 masacres y 205 muertos. Gran parte de los muertos eran líderes sociales. Los episodios expulsan a miles de familias de sus zonas. Este año 14.000 personas tuvieron que desplazarse forzosamente, denunció la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR.

"En el debate de control político sobre la violencia en el suroccidente del país, los familiares de los asesinados pronunciaron un ruego: que su duelo no lo vivan otras familias en las zonas donde no hay Estado", señaló el diario El Espectador. Para Daniel Rico, columnista de la revista Semana, a Duque "le está costando trabajo conjugar el verbo masacrar", y esa sería una de las razones de la ola de desgracias.