La aplicación de la pena de muerte acaba de sufrir otro revés en EEUU, esta vez en el estado de Nueva York, donde ha quedado suspendida gracias a una sentencia del Tribunal Estatal de Apelaciones, la más alta magistratura neoyorquina. El jueves, este tribunal argumentó que las instrucciones que reciben los jurados en los casos que se permite aplicar la pena máxima violan la Constitución estatal porque suponen una coacción.

Tales instrucciones, establecidas por la ley que permite aplicar la pena de muerte en Nueva York, implican que si en sus deliberaciones un jurado no logra el consenso sobre una sentencia con pena de muerte, el juez debe imponer entre 20 y 25 años de cárcel al condenado, con la posibilidad de libertad condicional.

Esto último abre la puerta a que los delincuentes responsables de los peores crímenes puedan volver a la calle, una perspectiva que puede llevar a algunos jurados a optar por la pena de muerte solamente para impedir que los criminales, tarde o temprano, queden en libertad, incluso sin el convencimiento de que el reo merezca semejante castigo.

EFECTOS INMEDIATOS La consecuencia de la sentencia del tribunal, emitida en la capital estatal, Albany, por cuatro votos contra tres, fue la suspensión inmediata de la pena capital para los cuatro condenados que aguardaban su ejecución en Nueva York. Las autoridades de este estado no han llevado a la práctica la pena de muerte desde 1993, pese a que fue restaurada por el gobernador, George Pataki, republicano, en 1995.

Otros nueve procesados que se enfrentan a la pena capital serán sentenciados a un máximo de cadena perpetua, igual que otros 30 cuyos procesos que se acaban de abrir.

Incluso si la legislatura estatal revisa la ley de aplicación de la pena de muerte para que no choque con la Constitución, hará falta una década para que el castigo máximo se aplique de nuevo, avanzaron algunas fuentes. No obstante, el gobernador Pataki prometió ayer estudiar opciones para restaurar el castigo máximo lo antes posible, tras calificar de "frustrante" la decisión del Tribunal de Apelaciones. Además, subrayó que "al final podría poner en peligro las vidas de los neoyorquinos al dejar que vuelvan a la calle criminales peligrosos y violentos".

SATISFACCION En el otro bando, los opositores de la pena de muerte celebraron la decisión de los magistrados. Algunos, como el letrado Kevin Doyle, la calificaron como una victoria del sentido común. Doyle coordina la Oficina del Defensor Capital, un organismo financiado por el estado de Nueva York que dirigió las apelaciones de los cuatro reos condenados a muerte desde que se restauró el castigo máximo en este estado. "La parte de la ley declarada anticonstitucional era injusta y peligrosa", subrayó, satisfecho, este letrado.

El caso que dio lugar a la sentencia del tribunal neoyorquino fue el de Stephen LaValle, un albañil negro de Long Island que en 1997 violó y asesinó a la maestra Cynthia Quinn, a la que apuñaló 73 veces. LaValle, que tiene 37 años, será ahora condenado a cadena perpetua.