Ojo por ojo, diente por diente. Bajo esta premisa se regularon durante la guerra fría del siglo XX las sucesivas crisis diplomáticas entre la URSS y Occidente, y así va a suceder en esta versión contemporánea de aquel conflicto que, poco a poco, va tomando cuerpo. Rusia anunció ayer la expulsión de 23 diplomáticos británicos, un número idéntico al del personal diplomático ruso obligado a hacer las maletas en Londres a raíz del envenenamiento de Serguéi Skripal, y les ha dado una semana para abandonar el país.
Otras medidas de represalia adoptadas por Moscú incluyen el cierre del British Council, institución destinada a fomentar y expander el conocimiento de la lengua inglesa en el mundo, además de la revocación del permiso concedido al Reino Unido para abrir un consulado en San Petersburgo. La crisis diplomática generada por la tentativa de asesinato del exespía ruso, lejos de apaciguarse, continúa enconándose.
El embajador de Gran Bretaña en Rusia, Laurie Bristow, fue convocado ayer en la sede del Ministerio de Exteriores para informarle de las medidas punitivas adoptadas por el Kremlin. A la salida del encuentro, Bristow quiso puntualizar que la actual crisis ha estallado tras «el intento de asesinato de dos personas con un agente químico desarrollado en Rusia». «Siempre haremos lo necesario para defendernos», concluyó.
A medida que van conociéndose detalles del envenenamiento, y pese a los reiterados desmentidos de Moscú, empieza a abrirse paso la pregunta de si fue el propio Putin quien ordenó la acción, o si fue lanzada sin su conocimiento explícito. El momento escogido, tan solo unos meses antes de la inauguración de la Copa del Mundo de fútbol, un acontecimiento con el que el Kremlin aspira a rehabilitar su imagen internacional tras la invasión de Crimea y la intervención en Siria, suscita dudas entre observadores y miembros de la oposición.
En declaraciones a la BBC, Mijaíl Jodorkovski, un exoligarca que se enfrentó en el pasado a Putin y se exilió en Occidente, sugirió la posibilidad de que el GRU, el servicio militar de inteligencia exterior, decidiera de forma autónoma la ejecución de Skripal. «No sé cuál de las dos opciones es peor», valoró Jodorkovski.
«Hay un grupo de 100 personas que son los principales beneficiarios del régimen de Putin y que actúan como un grupo criminal; a veces pueden solicitar los servicios del GRU, pero el servicio secreto a veces puede decidir que ha hecho lo suficiente por el grupo criminal que gobierna el país y actuar según su propia iniciativa», señaló Jodorkovski. El magnate sostiene que ese «grupo criminal» ejerce una gran influencia sobre Putin, hasta el punto de poder moldear su voluntad.
La tentativa de asesinato de Skripal ha empujado al Reino Unido a revisar las muertes de 14 personas que han aparecido en los medios de comunicación como vinculadas a Rusia.
Muerte sospechosa
Una de las muertes que han despertado sospechas ha sido la de Aleksándr Perepilichny, un hombre de negocios y denunciante de uno de los casos más graves de corrupción en los que se ha visto envuelto el Estado ruso, el llamado Magnitsky. El difunto se había refugiado en el Reino Unido y colaboraba en el esclarecimiento de un fraude de 230 millones cometido por altos funcionarios rusos en colaboración con bandas criminales organizadas.
En el 2012, Perepilichny se desplomó súbitamente mientras hacía jogging en los aledaños de su lujosa casa en Weybridge, y el médico que le examinó certificó muerte por causas naturales. Posteriormente, una profesora descubrió en su estómago restos de una planta venenosa, llamada gensenius elegans. En el 2017, los servicios de inteligencia estadounidenses informaron al MI6 británico de que el individuo en cuestión «fue probablemente asesinado bajo órdenes directas de Putin o gente cercana a él».
