Después de semanas de batallas legales y políticas y en medio de una polémica nacional en Estados Unidos por el uso en varios estados de drogas experimentales y de proveedores secretos para aplicar la inyección letal, Oklahoma se disponía anoche a realizar una ejecución doble, la primera en el estado desde 1937, la primera en el país desde el 2000. Lo que sucedió en la Penitenciaria Estatal en McAlester, no obstante, no fue lo planeado, sino un desastre que vuelve a cuestionar la inyección letal. El primero de los reos condenados a muerte, Clayton Lockett, falleció, pero lo hizo de un ataque al corazón tras 43 minutos de agonía por un fallo en la administración de los químicos. La ejecución del segundo reo, Charles Warner, se pospuso al menos dos semanas.

A las 18.23 hora local, un doctor empezó a administrar a Lockett el primero de los compuestos químicos, midazolam, de efecto analgésico. Diez minutos después el médico determinó que estaba inconsciente y puso en marcha la administración de las otras dos drogas: una paralizante del sistema respiratorio y otra destinada a detener el corazón. Testigos presenciales, incluyendo una redactora de AP, han relatado que entonces el preso "empezó a retorcerse en la camilla" y a balbucear. A las 18.37 Lockett intentó incorporarse y exhaló sonoramente. Se le oyó decir "algo está mal".

Ejecución detenida

A las 18.39 horas las autoridades corrieron una cortina para impedir a los testigos seguir presenciando la ejecución y anunciaron que la detenían. Según contó después Robert Patton, director de prisiones, habían detectado que había habido algún problema con la vena de Lockett , que habría explotado, lo que estaba impidiendo que las drogas tuvieran "el efecto deseado". A las 19.06 el reo moría de un ataque de corazón en la camilla. La gobernadora, Mary Fallin, anunció entonces que posponía dos semanas la ejecución de Warner.

Lockett, de 38 años, estaba condenado a muerte por disparar en 1999 a una joven de 19 años y luego presenciar cómo dos cómplices la enterraban viva. Warner, de 46 años, insiste por su parte en su inocencia en la violación y asesinato en 1997 de una bebé de 11 meses, hija de su compañera de piso.

Los dos habían demandado al estado por negarse a dar información sobre las drogas que iban a usarse en sus ejecuciones, incluyendo de dónde se habían obtenido. Lograron retrasar sus ejecuciones desde la fecha inicial prevista en marzo pero perdieron, aunque sumieron a tribunales y políticos del estado en una enmarañada batalla, que se enmarca en una crisis nacional.

Proveedores secretos

Muchas farmacéuticas se han negado a seguir dando a estados los compuestos necesarios para las ejecuciones alegando el miedo a consecuencias políticas e incluso a agresiones físicas. Eso ha llevado a varios estados a buscar otras fuentes de esas drogas y a imponer el secreto sobre quién se las suministra. Ese secretismo amplia los interrogantes sobre los proveedores, los controles de calidad, la eficacia y el funcionamiento de los compuestos.

Tras lo sucedido ayer la gobernadora de Oklahoma, un estado que el mes pasado cambió su protocolo de administración de la inyección letal alterando los compuestos químicos que se emplean, anunció también que ha ordenado "una completa investigación de los procedimientos de ejecución para determinar qué pasó y por qué en la ejecución" de anoche.

Ya en enero, Tejas tuvo serios problemas en una ejecución en la que también se usó el sedante midazolam (como en cinco más de las 20 que van este año). En aquel caso el reo, Dennis McGuire, agonizó durante casi 25 minutos.