Tras un fin de semana de represión sangrienta en Birmania, con al menos una cuarentena de manifestantes muertos, treinta empresas chinas han sido vandalizadas en lo que apunta al inicio de una ola de ataques a intereses chinos en el país. Al menos dos empleados han resultado heridos y las pérdidas económicas, que se están calculando, pueden ser muy importantes. Las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes tras el incendio de varias fábricas chinas. La embajada de China ha pedido a las autoridades que "garanticen la seguridad" de sus empresas y su personal. El resentimiento contra China se ha intensificado en las últimas semanas en el país, pues muchos piensan que Pekín, gran inversor en Birmania, tiene una posición demasiado indulgente con los militares golpistas.

En este contexto de máxima tensión, la líder birmana Aung San Suu Kyi, detenida en un lugar secreto y acusada por la junta militar de varios delitos, debe comparecer hoy ante la justicia, al día siguiente de una de las jornadas más sangrientas desde el golpe de Estado. Las oenegés contabilizan más de 2.000 detenidos desde el golpe de Estado del 1 de febrero, entre ellos Suu Kyi, premio Nobel de la Paz 1991 y dirigente de facto del Gobierno birmano hasta el golpe.

Suu Kyi está acusada de al menos cuatro delitos: importación ilegal de walkies-talkies, incumplimiento de las restricciones relacionadas con el coronavirus, violación de una ley sobre telecomunicaciones e incitación a disturbios públicos. La junta la acusa también de corrupción al afirmar que había recibido 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro de sobornos.

Tras seis semanas de manifestaciones prodemocracia, los generales prosiguen su represión: más de 120 manifestantes han perdido la vida desde el 1 de febrero.

"Crímenes contra la humanidad"

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado la existencia de persecuciones, muertes, desapariciones forzosas, torturas y probables "crímenes contra la humanidad" perpetrados por el ejército. "Los dirigentes de la junta no deben estar en el poder, sino detrás de los barrotes", tuiteó el lunes Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas para Birmania, e instó a parar inmediatamente el "suministro de dinero y armas" a los militares.

El domingo, la situación era particularmente tensa en Hlaing Tharyar, un suburbio industrial de Rangún que alberga muchas fábricas textiles, y donde murieron 22 personas. Numerosos vehículos militares fueron desplegados a la zona, donde los habitantes acantonados en sus casas escucharon disparos continuados. Tras los enfrentamientos, la junta decretó la ley marcial en seis comunas de Rangún, Hlaing Tharyar y Shwepyitha. Toda persona detenida en los suburbios será juzgada por un tribunal militar y se enfrenta al menos a tres años de trabajos forzados.

La enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, condenó el nuevo derramamiento de sangre pero la junta hace oídos sordos de las condenas internacionales.