La oposición venezolana volvió a pedir el martes a los militares que desobedezcan al gobernante Nicolás Maduro y le ayuden a "reponer el orden constitucional", mientras miembros de la misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU continúan su recorrido por el país.
El antichavismo usó su espacio en el Parlamento, el único poder que controla, para lanzar su nuevo llamamiento a las Fuerzas Armadas, que en público se declaran profundamente seguidoras del pensamiento político del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Mediante un texto apenas debatido en el pleno y votado de forma unánime por la bancada opositora, los diputados acordaron que los militares que decidan "no obedecer en adelante" a Nicolás Maduro sean en el futuro "reincorporados a la Fuerza Armada Nacional".
El documento "Acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización y fortalecimiento de la Fuerza Armada" señala también que se respetará a los militares "todos sus derechos" tanto "en grado como en condecoraciones" obtenidas a lo largo de su carrera.
Esta nueva petición de los opositores a la Fuerza Armada se suma a los que ya hacen casi a diario desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamara un Gobierno interino en enero pasado.
LEY DE AMNISTÍA
El Legislativo ya aprobó en enero una ley de amnistía para los militares que decidan "defender" la Constitución y desobedecer a Maduro, pero en el documento de hoy se agrega que se "respetarán siempre los principios fundamentales constitucionalmente establecidos" para la institución.
"Muy especialmente, no se le exigirá a ninguno (...) ni a la institución el favorecer o pertenecer a una organización política. Se garantiza que solo estarán al servicio de la nación", añade, al señalar que no estarán bajo dominación extranjera, en alusión a los supuestos manejos cubanos de los asuntos militares de Venezuela.
En el acuerdo también se declaró nula la degradación y expulsión de más de 100 miembros de la Fuerza Armada que fue decretada por el Gobierno el pasado 27 de febrero a través de la gaceta oficial, y por tanto se ordenó la reincorporación de estos militares, muchos de ellos fuera del país.
También, el equipo en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se reunió en Caracas con la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que defiende a los considerados "presos políticos" del país.
"Ellos están bien claros de la situación que ocurre en el país, de que le están ocultando información", indicó el director del FPV, Alfredo Romero, tras la reunión con la misión del Alto Comisionado y más de un centenar de personas que alegan haber sido torturadas.
Romero señaló que entre los participantes en la reunión del martes hubo familiares de médicos detenidos y personas que han estado presas y que han sido torturadas.
También se reunieron con esposas de algunos de los 59 colombianos detenidos hace más de dos años en el centro penitenciario de La Yaguara y cuya liberación reclama Colombia por considerarla arbitraria.
"Contaron muchos casos de torturas muy graves que fue lo que más se enfocó esta reunión, torturas que están siendo tomadas en cuenta y que ya lo hemos considerado, no solo el Foro Penal, sino que incluso la Naciones Unidas lo está considerando como algo sistemático en el país", dijo Romero.
Al final de la jornada, el chavismo ocupó el mismo edificio del Parlamento para la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) después del masivo apagón que dejó a oscuras a casi toda Venezuela el pasado día 7, y denunció ataques de "odio" contra de sus seguidores en las últimas semanas.
Los más de 500 miembros del foro también acordaron exhortar a los órganos de la justicia venezolana a investigar estos hechos, que contravienen una ley emanada de la misma ANC.
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, ordenó que una comisión del órgano se traslade el miércoles a la sede de la Fiscalía para exigir que sean investigado sucesos violentos contra chavistas.
