Le concedo, en atención al cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal en Curitiba», le informó el juez Sergio Moro a Luiz Inacio Lula da Silva, pocas horas después de que el Supremo Tribunal Federal (TSF) rechazara el pedido de un habeas corpus que le permitiera al ex presidente brasileño evitar la cárcel y proseguir su campaña proselitista de cara a los comicios del 7 de octubre en los que aparece como gran favorito. Moro, el juez que lo condenó en primera instancia por intercambio de favores que no pudieron ser comprobados, le dio a Lula plazo para cumplir la orden hasta las 17 horas de hoy. El juez informó que ya está «preparada» la celda que ocupará el hombre que gobernó ese país entre el 2003 y el 2010. Estará alejado de otros presos para «preservar su integridad moral o física». Moro solo le concedió un beneficio: la policía, cuando esté frente a Lula, no podrá esposarlo. El Partido de los Trabajadores (PT) convocó a una vigilia alrededor de la casa donde vive su líder, en la periferia paulista.

La decisión del supremo que activó la orden de Moro, señalaron los abogados de Lula, «viola la dignidad de la persona humana». Resta saber qué hará la defensa en las próximas horas y si existe la posibilidad de que Lula, por tener 72 años, pueda cumplir la condena de 12 años en su casa. «En cualquier país civilizado, la sentencia de un juez debe ser cumplida», exigió el diario paulista Estado. Su editorial no escatima ironías punzantes. «Lula ha pasado todo el proceso diciendo que es un perseguido político, como si la incontestable unanimidad de su condena sólo pudiera ser explicada por una colosal conspiración de las élites, siempre poco dispuestas a la dedicación de ese gran brasileño hacia los pobres y desvalidos del país».

Aunque Lula acabe en una cárcel de Curitiba, en el sur del país, el líder del PT podrá mantener su candidatura a la presidencia hasta que se pronuncie al respecto el Superior Tribunal Electoral (STE) en el mes de agosto. Sin embargo, Gilmar Mendes, uno de los integrantes del Supremo que votó a favor del habeas corpus, ha reconocido que la decisión del tribunal de condenar al expresidente cambia «por completo» el panorama político de cara a los comicios. El propio Lula parece haberlo reconocido. «No iban a dar el golpe para dejarme ser candidato», dijo, con la certeza de que el panorama se complicaría.

Lula fue sentenciado a 12 años de prisión por haber aceptado como soborno de una constructora un departamento en el balneario paulista de Guarujá. Durante el juicio no se presentó ni una sola prueba incriminatoria. El expresidente nunca ocupó ese inmueble. Ni siquiera lo conoció. A los magistrados les bastó sin embargo con tener la «convicción» de que el delito existió. El grado de politización de los tribunales es tan alto en Brasil que Marcelo Bretas, uno de los jueces que investiga la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, no se privó en decir después de que se conociera la posición del STF que «el presidente al que le gusta el soborno acaba en la ruina».

Presión orquestada / El PT ha advertido que la Constitución de 1988 «ha sido desgarrada». Al negar a Lula un derecho de todo ciudadano, el de defenderse en libertad hasta la última instancia, «la mayoría del STF se ha arrodillado ante la presión escandalosamente orquestada de red de comunicación Globo». La «combinación de intereses políticos y económicos» atenta contra el derecho del pueblo brasileño «a votar por candidato de la esperanza. Defenderemos su candidatura hasta las últimas consecuencias».

El PT está convencido de que el objetivo de encarcelar a Lula fue orquestada desde el mismo momento en que Dilma Rousseff derrotó en las presidenciales del 2014 a Aécio Neves. El primer paso fue su destitución parlamentaria. Pero el objetivo mayor siempre ha sido impedir que Lula vuelva al poder. Aunque los sectores más conservadores carecen de un candidato competitivo estiman que bastará con sacar al expresidente de la carrera electoral para evitar ese «mal mayor» al que casi el 40% de los brasileños votarían en octubre.