Theresa May tratará hoy de rescatar de la tumba una parte de su acuerdo para el brexit. La líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadson, anunció ayer un nuevo debate y votación no vinculante sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Gobierno pedirá a los diputados que voten por tercera vez el tratado de retirada, pero excluyendo la declaración política en la que se establece el marco de las futuras relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido. La estrategia de presentar un solo elemento ha permitido a la primera ministra esquivar la condición impuesta por el presidente de la Cámara, John Brecow, de que solo habría una nueva votación sobre el acuerdo, si el texto tenía modificaciones sustanciales.
Algunos diputados cuestionaron la legalidad de la maniobra, con muchos puntos aún oscuros ayer. Separar las dos partes de acuerdo puede contravenir la ley de retirada del 2018. Esa legislación específica que el «voto vinculante» -meaningful vote- de los diputados debe cubrir ambas partes, el tratado y la declaración. Preguntado en la Cámara de los Comunes, el Fiscal General, Geoffrey Cox, señaló que lo propuesto por el Gobierno es legal, pero aplazó hasta el momento de abrir el debate futuras aclaraciones. El tratado de retirada recoge los términos tras el divorcio, como el dinero para la UE, los derechos de los ciudadanos europeos y la salvaguarda para Irlanda del Norte. Si los diputados lo aprueban, el Reino Unido evitaría la posibilidad de una salida sin acuerdo el 12 de abril. En lugar de eso los británicos podrían dejar la UE el 22 de mayo, según las normas decididas por el Consejo Europeo la pasada semana.
EXTENSIÓN
«Creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos encontrarnos en una situación en la que tengamos que pedir otra extensión y enfrentarnos a la potencial petición de participar en las elecciones al Parlamento Europeo», señaló Leadson. El acuerdo de retirada debe ser aprobado tanto por el Parlamento británico como por el europeo, antes de que el Reino Unido deje la UE con un pacto. Se trata de un documento legalmente vinculante, a diferencia de la declaración política, que no lo es. Esta última establece de manera muy básica las líneas generales de las futuras conversaciones comerciales entre las dos partes. El nuevo intento de May de hacer pasar el acuerdo puede fracasar. Algunos diputados conservadores y los unionistas norirlandeses votarán en contra. Los laboristas también anunciaron su oposición, aunque la disciplina de voto no está garantizada y en anteriores ocasiones varios de ellos apoyaron el pacto. El responsable laborista para el brexit, Keir Starmer, explicó que la iniciativa de May implica, «dejar la UE sin ninguna idea de hacia dónde vamos. Eso es algo inaceptable». Otra laborista, Mary Creagh, describió el nuevo anuncio del Ejecutivo como «un cambio extraordinario y sin precedente de los compromisos adquiridos».
ÚLTIMA BAZA
La nueva votación se contempla como la última baza de May para culminar de alguna forma su implicación en la negociación del brexit. La sesión se produce en una fecha icónica. El 29 de marzo era el día de la salida oficial del Reino Unido de la UE. El «día de la independencia», como clamaban los defensores del divorcio. La situación hoy está muy lejos de ser una fiesta. Casi tres años después de un referéndum lleno de bilis y promesas engañosas, el caos desborda cualquier previsión.
El miércoles May anunció su marcha, condicionada a la aprobación del acuerdo. Eso hace aún más difícil que los laboristas lo voten ahora, ante la perspectiva de tener en pocos meses a un primer ministro euroescéptico radical al frente del gobierno, como Boris Johnson. El exministro de Exteriores había aceptado después del anuncio de la marcha de May respaldar el plan, que había condenado repetidamente y calificado de vasallaje. Johnson es uno de los pretendientes al «trono», al igual que el exministro para el brexit, Dominic Raab, quien ha vuelto a pedir que se renegocie con Bruselas la salvaguarda irlandesa.
