El Parlamento portugués ha aprobado este viernes la despenalización de la eutanasia. Una ley impulsada por los principales partidos de la izquierda -excepto los comunistas- y que convierte a Portugal en el cuarto país europeo en aplicar esta legislación, después de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
El texto, consensuado con ecologistas y liberales, permite la muerte asistida de los pacientes con sufrimiento intolerable o lesión definitiva, siempre y cuando sean ciudadanos nacionales, mayores de edad y hayan reiterado su voluntad en las diferentes etapas del proceso. La ley estipula que la muerte asistida podrá llevarse a cabo en los centros del servicio nacional de salud o en aquellos otros que elija el paciente, siempre y cuando disponga de "condiciones clínicas y de confort adecuadas", precisa la ley.
La nueva norma exige que al menos dos médicos certifiquen la gravedad de la dolencia y expliquen a la persona afectada todos los tratamientos disponibles de cuidados paliativos. En caso de que alguno de ellos tenga dudas sobre la salud mental del paciente, deberá pedir la evaluación de un especialista en psiquiatría. Es un proceso complejo y muy seguro para que no pueda ser tomado a la ligera, explica a EL PERIÓDICO la diputada socialista Isabel Moreira, una de las impulsoras de la iniciativa.
La ley ha sido aprobada a pesar de las críticas de la Iglesia y de líderes políticos, incluidos algunos miembros del Partido Socialista. El pasado lunes, más de una veintena de alcaldes -entre ellos los de Oporto y Braga- firmaron un manifiesto pidiendo una reconsideración en esta materia, que calificaron como negligencia social. Varias organizaciones religiosas han lamentado que el Parlamento apruebe esta legislación en una hora sombría para Portugal, en referencia a la grave situación de la pandemia en el país.
Referéndum rechazado
Los partidos impulsores de la iniciativa rechazaron a finales de octubre la celebración de un referéndum que determinara el grado de apoyo popular. Una propuesta presentada en el Parlamento por 95.000 firmantes y que contó con el apoyo de los democristianos (CDS) y de gran parte del principal partido de la oposición, el conservador PSD, que dio libertad de voto. Los representantes de la izquierda han justificado su decisión alegando que la dignidad y la autonomía de las personas no debe ser refrendada.
Según una encuesta publicada hace poco menos de un año -cuando se aprobó la ley de forma preliminar-, más de un 50% de los portugueses están a favor de la muerte asistida, frente a un 25% que se muestra en contra. Las personas con edades más avanzadas, menor nivel educativo y con creencias religiosas son los que integran los grupos más desfavorables a la eutanasia, explica el informe, publicado por el Instituto Universitario Egas Moniz. En el caso del referéndum, más de un 63% se mostraban a favor de su celebración.
Los opositores a la ley confían ahora en el parecer del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa -fervientemente católico-, para que aplique un veto presidencial o para que, en caso contrario, envíe el texto al Tribunal Constitucional para su revisión. El presidente ha evitado pronunciarse por ahora, aunque ha insistido en que pondrá la responsabilidad de su cargo por encima de sus convicciones personales. En todo caso, de ser vetada por el presidente, el veto podría ser anulado por una segunda votación de los diputados en el Parlamento.
