El 85% de los magistrados italianos participaron ayer en la tercera huelga convocada en dos años para protestar contra la reforma del sistema judicial que quiere aprobar en el Parlamento la mayoría conservadora liderada por el primer ministro, Silvio Berlusconi.
La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo y casi todos los fiscales jefe de Italia se sumaron al paro. Sólo se atendieron los procesos cuyo aplazamiento hubiera comportado la prescripción del delito. La huelga coincidió con otra de abogados penalistas, en la que los letrados pidieron al Gobierno exactamente lo contrario que los magistrados.
"Si la reforma prospera, empezaremos a recoger firmas para un referendo para abrogarla", anunció ayer el exfiscal de Manos Limpias, Antonio di Pietro, interpretando una toma de posición general de la oposición progresista. "En el proyecto de reforma no hay ni una línea que mejore la eficacia de la justicia", señaló Giancarlo Caselli, fiscal jefe de Turín, que denuncia la carencia de personal en los tribunales, e incluso de fotocopiadoras y de papel.
AMENAZA EN PALERMO Edmundo Brutti, presidente de la Asociación Nacional de los Magistrados, añadió: "Hasta los fiscales jefe rechazan una reforma que está centrada en la jerarquización". El 81% de los fiscales de Palermo, a quienes se debe la lucha contra la Mafia, han anunciado que dejarán el cargo para optar a la judicatura si la reforma prospera.
Uno de los cambios más radicales que intenta introducir la reforma es la separación neta entre las carreras de juez y fiscal, de manera que si un candidato opta por una, sólo podrá pasar a la otra una vez en su vida.
La reforma prevé también que no sean los fiscales quienes autónomamente abran los sumarios, sino que sea el fiscal jefe quien indique la procedencia de los casos.
