Los alrededores del Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde se celebra la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, eran ayer un páramo. Y lo seguirán siendo hasta que acabe el encuentro. La policía china reprimió ayer todas las protestas que se organizaron en la ciudad. Miles de campesinos sin tierras y obreros en paro, venidos de remotos lugares del país, trataron en vano de acercarse a los 2.900 legisladores para explicarles sus problemas. Objetivo: evitar todo signo de inestabilidad. Además, el Gobierno ordenó la vigilancia especial de los más destacados disidentes de Pekín.

Y todo esto sucedía a la vez que la Asamblea Popular abordaba la inclusión en la Constitución de una cláusula específica relativa a los derechos humanos. Los observadores internacionales sospechan, no obstante, que no supondrá un cambio radical para la vida de los chinos. La organización Amnistía Internacional lo ha denunciado centenares de veces. "Los juicios injustos, la tortura y los malos tratos continúan siendo sistemáticos en China y la libertad de expresión e información siguen estando sujetas a graves limitaciones", asegura en su último informe. La organización afirma que el 80% de las ejecuciones del mundo ocurren en China, unas 3.000 anuales.

Los principales damnificados de esta falta de derechos son los opositores. Cualquier persona que disiente va a parar a alguno de los 1.100 campos de trabajos forzados que están activos en el país asiático. El grupo más conocido que ha intentado resucitar la maltrecha oposición china es Falungong, brutalmente aplastado por las autoridades.

´REEDUCACION´ CON TORTURAS Más de 10.000 seguidores de este movimiento están en alguno de esos campos de trabajos para ser reeducados . Según la descripción que de ellos hace el Gobierno, se trata de "centros de reforma a través del trabajo", una copia de los gulags rusos que Mao Zedong importó en 1949. Estas cárceles están llenas también de periodistas y de disidentes políticos.