Miles de personas ocuparon ayer el centro de la ciudad de Buenos Aires al cumplirse 42 años del golpe militar que provocó la mayor tragedia de Argentina del siglo XX. Más que conmemoración, las miles de personas que llegaron hasta la Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo, establecieron con sus cantos y consignas un puente entre el pasado de dolor y el presente.
El Gobierno de derechas del presidente Mauricio Macri quedó expuesto a fuertes críticas por parte del movimiento en defensa de los derechos humanos. No solo se le reprochó en duros términos su mirada de lo que ocurrió hace más de cuatro décadas cuando desaparecieron miles de personas.
También le censuraron su política económica, de parentescos con la implementada por los militares, y su exaltación de la «mano dura» de la policía y otras fuerzas de seguridad a la hora de enfrentar los conflictos sociales. El documento que se leyó a los manifestantes puso el acento en la nueva política represiva. Macri se refirió a la fecha de ayer como un día «para unirnos y volver a decir todos juntos nunca más a la violación de los derechos humanos».
La masiva marcha se llevó a cabo en un país diferente al que, doce años atrás, demolió el muro de la impunidad al habilitar la reapertura de los juicios contra los autores de los delitos aberrantes. Desde entonces, solo 60 de las más de 500 causas iniciadas en los tribunales tuvieron sentencia firme. Desde la llegada de Macri a la presidencia, el ritmo de causas se ha ralentizado y que llegarían a su fin a mediados del 2024, medio siglo después del golpe de Estado.
En las vísperas del nuevo aniversario del comienzo de la dictadura, el servicio penitenciario incluyó a Alfredo Astiz, uno de los principales símbolos de la represión clandestina, entre los posibles beneficiarios de una prisión domiciliaria, lo que confirmaría la política revisionista respecto a la dictadura del presidente argentino. La noticia ha provocado estupor social.
