El presidente de Estados Unidos, George Bush, sufrió ayer una importante derrota en el Tribunal Supremo: la más alta magistratura nacional decidió que los centenares de presos detenidos en la base de Guantánamo (Cuba) tienen derecho a acudir a los tribunales estadounidenses para plantear sus casos. Con ello, rechazó la política de la Casa Blanca, que niega acceso a los tribunales a estos detenidos.
La decisión del Supremo, por seis votos contra tres, "es un fuerte repudio de los argumentos de la Administración de Bush, según los cuales sus acciones en la guerra al terrorismo están por encima de la ley y no pueden ser revisadas por los tribunales", subrayó Steven Shapiro, director de la influyente Asociación Americana de Libertades Civiles.
No obstante, el Tribunal Supremo también decidió que el Gobierno estadounidense puede mantener detenidos sin acusación alguna a quienes arresta en su guerra contra el terrorismo, aunque a partir de ahora estos presos podrán acudir a los tribunales de Estados Unidos para protestar por su situación.
Las sentencias del tribunal fueron su respuesta a dos casos. El primero fue planteado por Yasir Esam Hamdi, ciudadano de EEUU de origen saudí, capturado en Afganistán en el 2001 y que está detenido por "combatiente enemigo", la fórmula que la Casa Blanca utiliza en Guantánamo para negar a los presos el derecho a proceso legal que tienen los prisioneros de guerra.
"Un estado de guerra no es un cheque en blanco para el presidente, cuando se trata de los derechos de los ciudadanos", dijo la juez Sandra Day O´Connor. En consecuencia, aunque la Casa Blanca puede retener a Hamdi, no puede negarle el acceso a los tribunales. Por extensión, lo mismo sucede con los casi 600 extranjeros detenidos en Guantánamo, declaró el tribunal.
UN SEGUNDO CASO El segundo caso, planteado por 14 presos de Guantánamo, disputaba la posición del Gobierno de Estados Unidos de que la jurisdicción de los tribunales estadounidenses no se aplica a esta base naval, por hallarse fuera del país. El Supremo rechazó también esta posición y respaldó a los abogados de los detenidos. Los letrados argumentaron que la posición de la Casa Blanca equivale a situar a su base cubana en el limbo.
