Armin Cruz, un tejano de 24 años, se convirtió ayer en el primer miembro de una unidad de espionaje del Ejército de EEUU condenado por las torturas de Abú Graib, un escándalo en el que los altos mandos del Pentágono son sospechosos pero intocables. Tras declararse culpable de conspiración y maltrato de prisioneros, un tribunal militar degradó al soldado de primera clase Cruz a soldado raso, le reprendió por "mala conducta" y le condenó a ocho meses de cárcel, tras los que podrá reincorporase al Ejército.

Cruz reconoció que forzó a prisioneros a desnudarse, los esposó y les obligó a arrastrarse por el suelo y a simular que mantenían relaciones sexuales. Admitió ser consciente de que estaba cometiendo abusos y que lo hizo porque asociaba a esos detenidos con los iraquís que mataron a dos miembros de su compañía y porque la policía militar le había dicho que eran sospechosos de violación.

Como miembro del batallón 325 de Inteligencia Militar, Cruz estaba asignado a ayudar en los interrogatorios. Pero el informe presentado el mes pasado por el general George Fay asegura, en cambio, que los prisioneros "no eran de interés en asuntos de espionaje".

ACUERDO PARA TESTIFICAR Cruz ha alcanzado un acuerdo para testificar contra otros miembros de su unidad a cambio de inmunidad por ese testimonio. Su condena de ayer es la confirmación de que la justicia militar se está concentrando en la base del Ejército al buscar responsabilidades por las torturas. Los soldados acusados, sin embargo, aseguran que fueron los mandos de sus unidades quienes animaron o permitieron los abusos. Estas acusaciones las ratifica la investigación interna encabezada por Fay, que llegó a la conclusión de que los interrogadores de las unidades de espionaje pidieron a la policía militar que usara tácticas duras y a veces ilegales.

El Departamento de Defensa, dirigido por Donald Rumsfeld, ha defendido a ultranza a sus altos mandos y ayer reiteró esa actitud cuando el servicio de prensa del Pentágono atacó el libro aún sin publicar de Seymor Hersh, el periodista de The New Yorker que en dos artículos implicó a altos mandos en las torturas.

En un comunicado, el Pentágono habla de "numerosas acusaciones infundadas" e "inexactitudes", y desprecia el trabajo de Hersh por basarse en "fuentes anónimas". "Si cualquiera de las fuentes de Hersh quiere ofrecer pruebas que impliquen a altos mandos el Departamento les da la bienvenida --se dice--. Investigaremos sus acusaciones".