A medida que se conocen más detalles sobre el accidente en la mina de lignito de Soma, el mayor de la historia de Turquía, se extiende la rabia, atizada por la falta de tacto del primer ministro, el conservador Recep Tayyip Erdogan. ¿Por qué los mineros turcos deben soportar más accidentes laborales que sus compañeros chinos, indios o sudafricanos? ¿Por qué en las minas turcas no hay refugios de emergencia como en otros países? ¿Por qué Turquía no ha firmado la convención sobre minería de la Organización Internacional del Trabajo?
Todas estas preguntas, a las que el Gobierno turco es incapaz de dar respuesta, cristalizaron ayer -primer día de luto oficial por las víctimas de Soma- en nuevas protestas y huelgas. Mientras, el número de fallecidos sigue creciendo -son ya 283- y se desvanece la esperanza de que el centenar de mineros aún atrapados sean hallados con vida, pese a que ayer, 48 horas después, se logró apagar el incendio dentro de la mina y se terminó de extraer el monóxido de carbono acumulado.
Cuando el presidente de la República, Abdulá Gül, acudió a Soma, fue cuestionado por los familiares y compañeros de las víctimas: «No queremos más subcontratas», le espetó un minero. La empresa propietaria de las minas -el mayor grupo privado de extracción de carbón en Turquía- aseguró que cumple con todos los requisitos laborales, pero lo cierto es que en ésta y en otras minas privatizadas, tanto el trabajo como la supervisión está subcontratado lo que dificulta el control.
«El Gobierno tiene que poner fin a las privatizaciones de minas y al trabajo mediante subcontratas y las empresas mineras deben tomar las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad de los obreros», exigió el sindicato minero Maden-Sen, que criticó que la «reducción de los costes de producción» de los que se vanagloriaba recientemente la empresa propietaria se han hecho a costa de la seguridad de los trabajadores. De hecho, el número de muertes en las minas privatizadas sextuplica al de las minas públicas.
Paros laborales
Varios sindicatos convocaron huelgas y paros laborales por lo que consideran un «asesinato laboral» producto de la «codicia de los empresarios». Multitudinarias protestas tuvieron lugar en las principales ciudades de Turquía. En Esmirna, la tercera mayor urbe del país, se manifestaron 20.000 personas, que fueron reprimidas con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. Varias personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas el secretario general del sindicato DISK, Kani Beko, que se desvaneció producto de los gases lacrimógenos. En Estambul, los sindicatos y las organizaciones sociales trataron de marchar hacia el Instituto de la Seguridad Social pero la policía lo impidió. Algo que también ocurrió en la capital, Ankara, donde los agentes antidisturbios dispersaron la protesta con gases y balas de goma y detuvieron a más de 50 personas. En Diyarbakir, la capital oficiosa de los kurdos, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad.
Pero si la muerte de los mineros ha enervado a los turcos, más si cabe lo ha hecho la actitud de Erdogan. Las redes sociales hervían ayer con unas imágenes del primer ministro propinando un puñetazo a un minero el miércoles, cuando su visita a Soma se vio interrumpida por la protesta y tuvo que refugiarse en un supermercado. «Yo había ido al supermercado a hacer la compra. No tenía nada que ver con los que protestaban», explicó el minero Taner Kuruca a la televisión turca Kanal D: «Cuando se me vino encima la multitud, me encontré cara a cara con el primer ministro. En ese momento, los guardaespaldas comenzaron a empujarme y el primer ministro no pudo controlar su ira y, fuera de sí, me golpeó».
Según algunos medios, Erdogan habría golpeado también a otros presentes en el supermercado, entre ellos una joven que se encaró con él. Además uno de sus asesores, Yusuf Yerkel, fue captado por los fotógrafos con la cara llena de odio mientras pateaba a un minero reducido por la policía. La oposición criticó duramente a Erdogan por su comportamiento y exigió que los más altos tribunales dirijan la investigación sobre el incidente.
