En pleno debate sobre la violencia policial y después de un fin de semana que ha sacado a las calles francesas 23.000 manifestantes haciéndose eco de la marea de indignación provocada por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, el Defensor de los derechos, organismo independiente similar al Defensor del pueblo, indica este lunes en su informe anual que las reclamaciones contra las fuerzas del orden han aumentado en 2019 un 29%.
El porcentaje de faltas cometidas contra la deontología profesional sólo representa el 10% de las demandas pero lo que lamenta el titular de la institución, Jacques Toubon, es que no se hayan abierto los expedientes disciplinarios que había reclamado. También recuerda que es esencial que los agentes no se alejen de los principios éticos de la profesión si quieren que los ciudadanos confíen en la policía.
El Gobierno, mientras, quiere evitar las comparaciones con la situación de Estados Unidos repitiendo el mensaje de que en Francia no hay ni violencia ni racismo estatal.
Rosario de tragedias
Aun así es consciente de que urge dar una respuesta al rosario de tragedias por los excesos cometidos en las periferias de las grandes ciudades, donde la gran mayoría de la población es de origen inmigrante, o la dureza de las cargas policiales durante las manifestaciones que ha vivido el país en los últimos cuatro años.
El ministro del Interior, Christophe Castaner, se mueve entre dos aguas advirtiendo de que será intransigente con los abusos policiales y al mismo tiempo apoyando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, extenuadas por un largo periodo marcado por la amenaza terrorista y la conflictividad social. Dejando claro que no conviene generalizar, el ministro ha prometido que cualquier falta o palabra racista será sancionada.
De momento, a instancias de Interior, la Fiscalía de París ha abierto una investigación a raíz de las revelaciones de la web Streetpress sobre un grupo privado de Facebook integrado por 8.000 miembros de la policía en el que se intercambiaban mensajes racistas, homófobos y sexistas.
Por otro lado, en 2019, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) abrió 1.460 investigaciones judiciales (un 23% más que en 2018), la mitad por acusaciones de violencia, informa Afp.
El silencio de Macron
Cifras aparte, el delicado asunto de la discriminación racial se ha colado en la escena política, monopolizada hasta ahora por la gestión de la crisis del coronavirus, obligando a Emmanuel Macron a tomar cartas en un asunto sobre el que no ha dicho ni una palabra hasta ahora.
El presidente se ha reunido este fin de semana con miembros del Gobierno, representantes de la sociedad civil y asociaciones y ha pedido al Ejecutivo hacer propuestas rápidamente para responder a las reivindicaciones de justicia frente a los abusos policiales que se han expresado en la calle.
