No hay fecha concreta ni detalles específicos pero sí una certeza: el presidente de EEUU, Barack Obama, prepara una inminente reforma de la política de inmigración por decreto que podría ayudar hasta a cinco millones de hispanos de los 11,3 que se calcula se encuentran sin papeles en el país. Ese uso del poder ejecutivo conlleva algo más garantizado: una oposición frontal y "con uñas y dientes" del Partido Republicano, firme en su declaración de guerra política a la reforma aunque también inmerso en sus propias batallas intestinas sobre hasta dónde llegar en la confrontación.
El decreto de Obama podría llegar la semana próxima cuando regrese de su viaje por Asia. Podría también retrasarse hasta que se apruebe el presupuesto operativo del Gobierno, que debe estar listo para el 11 de diciembre. Ese segundo escenario restaría al ala más radical de los conservadores, personificada por el Tea Party, la opción de oponerse a la reforma usando esas negociaciones y amenazando con provocar otro cierre gubernamental.
ESTANCAMIENTO
La acción ejecutiva llegará en cualquier caso seguro antes de que acabe el año y el 3 de enero tome posesión el nuevo Congreso. "Los republicanos son capaces de arreglar el sistema de inmigración. Lo que no pueden es esperar que me quede parado a perpetuidad con uno roto", dijo ayer Obama en una rueda de prensa en Birmania. Rememoraba el "lo que no voy a hacer es solo esperar" que pronunció un día después de que los conservadores arrollaran en las elecciones legislativas y ayer insistió en que la reforma "es algo que necesita hacerse. Lo es desde hace demasiado tiempo. Llevamos hablando de ello ya 10 años y consistentemente se ha estancado".
Aunque aún no se conoce el contenido exacto que tendrá el decreto, fuentes de la Administración avanzaron el jueves a The New York Times algunas de las líneas maestras de un plan algo menos ambicioso que el que aprobó el Senado pero bloquearon los republicanos cuando solo controlaban la Cámara baja. El principal eje será eliminar la amenaza de deportación para un máximo de cinco millones de inmigrantes sin papeles y dar a muchos de ellos permisos de trabajo. Obama ha deportado en seis años de mandato más de dos millones de personas --un récord--; más de la mitad de los casos eran gente sin historial delictivo.
Los principales beneficiados del plan ejecutivo pueden ser los adultos que tienen hijos que han nacido en EEUU o son residentes legales. Datos del centro Pew sitúan esa población en cuatro millones pero un factor clave para determinar cuántos se benefician será los años que lleven viviendo en el país. Según un análisis del Instituto de Política Migratoria, si se exige a los adultos llevar al menos cinco años en EEUU podrían acogerse 3,3 millones. Si el requisito es haber vivido 10 años en el país la cifra baja a 2,5 millones.
La orden ejecutiva podría, asimismo, ampliar oportunidades de regularización para menores que llegaron a EEUU cuando sus padres entraron sin papeles, algo que Obama ya hizo --también por decreto-- en el 2012 y que hasta ahora ha beneficiado a cerca de 581.000 jóvenes, los llamados dreamers, que llegaron antes del 2007.
Aunque Obama lleva tiempo insistiendo en que si los republicanos aprueban una ley de reforma aceptable en el Congreso la firmará y eso dejaría sin efecto su acción ejecutiva, su decisión de ni siquiera esperar a que las nuevas cámaras tomen posesión ha enfurecido a los conservadores. El jueves mismo, el portavoz de la Cámara de Representantes, John Boehner, prometió enfrentar al presidente "con uñas y dientes". Aunque apuntó a una potencial estrategia de demanda en los tribunales contra un decreto que identifica como una "amnistía ejecutiva" no descartó tampoco vincular su oposición a los presupuestos.
