Teodora del Carmen Vásquez, de 34 años, trabajaba en la cafetería de un colegio en El Salvador y estaba embarazada de nueve meses. Esos días esperaba con gran ilusión el nacimiento de su bebé acompañada por su otro hijo de tres años y de sus padres. Pero de repente su vida dio un giro del todo inesperado. Cuando sintió los primeros dolores no encontró quien le ayudara. «Hasta siete veces llamé a emergencias, pero nadie vino». Entre desmayos continuos, hizo frente al parto sola, pero el bebé no sobrevivió. Poco después llegó la policía, encontró al niño muerto y se llevó a Teodoro a comisaría, donde pasó horas sin que ningún médico le atendiera, sufriendo vejaciones e insultos.

Meses después, la joven salvadoreña hizo frente en un juicio a la acusación de homicidio con agravante por parentesco, el equivalente en este país centroamericano a una interrupción voluntaria del embarazo. En El Salvador, el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. No sólo en casos de violación, incesto, peligro para la vida o la salud de la madre o malformación del feto, sino también por complicaciones en el parto, abortos espontáneos o partos de feto muerto. Teodora fue condenada a 30 años de prisión.

Tras pasar once años entre rejas, Teodora recuperó la libertad el pasado 15 de febrero, después de que el Tribunal Supremo concluyera que no había pruebas suficientes que demostraran que había interrumpido su embarazo de forma voluntaria. Ahora cuenta su historia, con la esperanza de que su testimonio sirva para ayudar a las 25 mujeres que siguen presas en El Salvador por los mismos motivos. «Desde el primer día que entré en la cárcel vi el sufrimiento de mujeres como yo y he salido con la expectativa de cambiar eso», asegura.

Llegar a la cárcel fue duro. «Lo más difícil fue no poder conocer a mi bebé, dejar a mi otro hijo, que se quedaba sólo con mis padres, perder a mi familia...». Sin embargo, Teodora afirma que desde el momento que entró en prisión lo tuvo claro: «Lloré, sufrí mucho, pero también reaccioné. Decidí que yo iba a estar en la cárcel, pero que la cárcel no iba a entrar en mí, y que iba a luchar fuertemente».

La salvadoreña dice que las mujeres como ella, condenadas por la ley del aborto, son perseguidas y acosadas en los centros penitenciarios por otras internas, además de ignoradas por las instituciones: «Somos discriminadas, no nos escuchan, nos quedamos sin voz».