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Política de salud

El Salvador estudia una ley para evitar el tráfico de órganos humanos

El parlamento salvadoreños señala que es necesario evitar la comercialización ilegal de órganos

 

Según estimaciones de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la modalidad de tráfico de órganos representa una cifra aproximada de 600 millones de dólares a nivel mundial. -

EL PERIÓDICO
07/05/2019

Diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa de El Salvador iniciaron el estudio de un anteproyecto de ley para evitar el tráfico de órganos humanos, informó el Parlamento.

El proyecto denominado Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas, presentado en diciembre de 2018 por autoridades del Ministerio de Salud, consta de 67 artículos, enfocados en regular la donación de órganos, crear un registro de personas donantes y evitar el tráfico de órganos.

Con esta normativa se busca "regular lo relacionado con la donación y trasplante de órganos, tejidos y células humanos, así como la utilización de productos derivados de ellos cuando estén destinados a ser aplicados en el ser humano, como un medio para garantizar el derecho a la salud y la vida", indicó la fuente.

De acuerdo con el Congreso salvadoreño, la donación y trasplante de órganos es una realidad en muchos países y se ha convertido en un mecanismo para salvar y mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia de algún órgano corporal, por lo que "es necesario evitar la comercialización ilegal de estos".

La iniciativa presentada ante el Parlamento contempla la creación del Centro Nacional de Trasplante (CENAT) de El Salvador como un ente descentralizado y encargado de dirigir y evaluar la implementación de la política nacional.

Según estimaciones de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la modalidad de tráfico de órganos representa una cifra aproximada de 600 millones de dólares a nivel mundial.

Por ello el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha clasificado esta modalidad delictiva como uno de los 23 productos traficados ilegalmente en la región de Centroamérica y el Caribe.

   
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