El caso Benalla, que afecta al antiguo colaborador de Emmanuel Macron grabado in fraganti pegando a unos manifestantes el Primero de Mayo del 2018, desató una cadena de irresponsabilidades que terminó sacando a la luz graves fallos de funcionamiento en la cúpula del Estado.
Las 120 páginas del informe presentado ayer por la comisión del Senado -cámara de mayoría conservadora- tras siete meses de investigación sobre el papel del exjefe de seguridad de Macron son demoledoras. La recriminación parlamentaria acusa a tres altos responsables del Elíseo, entre ellos al director del Gabinete de Macron, Patrick Strzoda, de haber omitido o dado información incoherente y contradictoria a la comisión.
«Hay suficientes elementos para estimar que la seguridad del presidente de la República ha sido afectada», dijo ante la prensa Philippe Bas, senador del partido conservador Los Republicanos y presidente de la comisión.
La investigación ha descubierto un rosario de anomalías, desde sanciones insuficientes hasta evitar poner los hechos en manos de la justicia pasando por dar un permiso de armas irregular, llevar armas en presencia del presidente, no respetar las reglas deontológicas sobre conflicto de intereses, conservar un teléfono cifrado después de haber sido despedido y cuatro pasaportes diplomáticos o no dar instrucciones a la policía de fronteras para impedir a Benalla salir del país. «Eso ya es mucho. Lo del 1 de mayo no es más que la punta del iceberg», ilustró Bas. Alexandre Benalla, de 27 años, está desde este martes en detención provisional por haberse saltado el control judicial y todo apunta que el periplo judicial del antiguo guardaespaldas de Macron no ha hecho nada más que empezar. El socialista Jean Pierre Sueur, explicó que Benalla «amparándose en la confianza que depositaron en él y en la ambivalencia de las misiones oficiales, se arrogó un papel central en los servicios de seguridad de la quinta potencia mundial».
