El Gobierno de Ariel Sharon negó el miércoles por la noche que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya tenga competencias para emitir una sentencia sobre la legalidad del muro que Israel está construyendo en Cisjordania, según declaró ayer un responsable israelí citado por la agencia France Presse. El Ejecutivo de Sharon argumenta para negarle competencias al tribunal que la construcción del muro es un "asunto político".

Israel ha redactado un documento de 150 páginas en las que defiende esta tesis y los motivos "de seguridad" para construir el muro con vistas a la sesión que el Tribunal Internacional tiene previsto celebrar el próximo 23 de febrero. Después de una resolución de condena contra el muro realizada por parte de la Asamblea General de la ONU, la organización pidió a La Haya que se pronunciara sobre la legalidad internacional y las consecuencias jurídicas de la construcción del muro en Cisjordania, que supone la anexión de tierras y también la pérdida de su forma de vida para miles de palestinos.

La decisión adoptada por el tribunal no tendrá efectos legales, por lo que la sesión de La Haya se presenta como un pulso casi mediático entre Israel, apoyado por EEUU, y los países que denuncian las dramáticas consecuencias que padecerán los palestinos con la construcción del muro.