La pederastia vuelve a ser noticia en Portugal. En realidad, no ha dejado de serlo en los dos años que han durado las investigaciones de uno de los casos que ha causado más polémica y ha despertado mayor conmoción en el país. Antiguos alumnos de la Casa Pía de Lisboa, una institución pública de acogida de menores con dificultades, aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales.
El principal acusado es un exfuncionario y exalumno de la institución, Carlos Silvino, conocido como Bibi . Se le imputan más de 600 delitos sexuales y es el único que admite su culpabilidad y está dispuesto a contar lo que sabe, a cambio de reducir su pena. Junto a él, se sentarán en el banquillo siete acusados más, entre ellos, un exembajador, un famoso presentador de televisión y un diputado socialista, que ha conseguido rebajar su acusación de delito sexual a posesión ilegal de arma.
Insultos y acusaciones
El pasado jueves, junto al Tribunal de Boa Hora, en Lisboa, decenas de periodistas esperaban la llegada de los acusados. El presentador de televisión Carlos Cruz, acusado de seis delitos de abuso sexual, fue perseguido por las cámaras desde que salió de su casa. Preguntado por una periodista de la cadena de televisión SIC, dijo que se sentía "un ciudadano tranquilo". Aunque no quiso hacer declaraciones, sí dejó claro que confiaba "en el trabajo de la justicia".
Menos tranquila estaba la multitud agolpada a la puerta y que acogió a los acusados con insultos y acusaciones. Los primeros ciudadanos que llegaron ante la sede del tribunal lo hicieron casi de madrugada porque, como afirmó un señor de 64 años, "sentía mucha curiosidad por saber lo que va a pasar".
A pesar de la expectación que había suscitado la apertura del juicio el jueves, al final del día no había demasiadas novedades. Según algunos abogados de la defensa, la primera sesión discurrió "resolviendo cuestiones relativas al proceso que todavía estaban pendientes".
La única novedad del día la dio la juez que ahora lleva el caso, Ana Peres, quien, debido a las quejas de algunos de los abogados defensores, dio a los letrados un plazo de 10 días para que formulen sus alegaciones sobre la validez o invalidez de las acciones llevadas a cabo por su antecesor, el juez Rui Teixeira. A este juez, que fue responsable de la entrada en prisión preventiva de algunos de los acusados, los abogados le achacan "falta de imparcialidad" e "irregularidades" en la forma en la que se le asignó el juicio. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Lisboa denunció que, en vez de seguir la "selección natural de jueces", que obliga a que haya un sorteo, a Rui Teixeira se le asignó el caso a dedo.
Si la defensa aprovecha ahora la oportunidad brindada por la juez Ana Peres y algunas de las actuaciones de Teixeira quedan invalidadas, el juicio, que celebrará su segunda sesión el próximo 2 de diciembre, podría volver a aplazarse.
No es la única acción que se ha abierto contra este juez. El Consejo Superior de Magistrados (CSM) ha establecido una sanción disciplinaria contra Teixeira por las declaraciones que realizó a un diario portugués. Según el CSM, el juez quebró su deber de reserva previsto por el código deontológico al informar sobre los motivos por los que había tomado sus decisiones.
No ha sido el único que se ha visto perjudicado por la falta de sigilo. El pasado agosto, el director de la Policía Judicial, Adelino Salvado, presentó su dimisión tras conocerse que había mantenido conversaciones con un periodista sobre contenidos del proceso que estaban bajo el secreto de sumario.
