Al menos 166 brasileños murieron este martes por coronavirus, lo que lleva a 2.741 la cantidad de decesos aceptados oficialmente. Los infectados son hasta ahora 43.079, de acuerdo con las autoridades sanitarias, aunque especialistas de distintas universidades llegan a multiplicar por diez esa cifra de contagios. En medio de los partes médicos se cuela la tensión política. Después de asegurar que "yo soy la Constitución", el presidente Jair Bolsonaro ha quedado envuelto en una investigación relacionada con la protesta en favor del cierre del Congreso y un golpe militar que apoyó con su entusiasta presencia.

Alexandre de Moraes, uno de los ministros del Tribunal Supremo Federal (STF), autorizó que la fiscalía general arroje luz sobre la organización de los actos contra la democracia del pasado domingo. Esos grupúsculos radicales le han pedido a Bolsonaro que tome medidas similares al AI-5 (Acta Institucional número 5) que aplicó la dictadura militar en 1968 para suprimir garantías constitucionales. Por el momento, el STF ha eximido de las investigaciones al presidente. Pero todos los caminos conducen a él y su entorno más hostil.

Moraes recordó que la Carta Magna no permite la financiación y propagación de ideas contrarias la democracia ni manifestaciones destinadas a romper el estado de derecho o con "el claro propósito de controlar o aniquilar la fuerza del pensamiento crítico". El fiscal general, Augusto Aras, había pedido horas antes la apertura de un expediente asegurando que el respeto de la Constitución es "aún más importante en tiempos de excepcionalidad", en referencia a los efectos de la pandemia en el gigante sudamericano. Según Aras, "cualquier ataque a la democracia" viola a su vez la Ley de Seguridad Nacional" que prohíbe anunciar públicamente actos violentos o ilegales para alterar el orden político o social. También según esa ley, es delito "incitar la subversión del orden político" y la "animosidad entre las Fuerzas Armadas" y las instituciones republicanas.

Las manifestaciones del pasado domingo frente a la sede del Ejército y en el marco del día de esa institución, fueron repudiadas por los gobernadores estaduales y la oposición, inclusive algunos ex aliados de Bolsonaro. La Fiscalía General justificó no incluir al presidente en su tarea con una explicación que ha provocado cierto desconcierto. Se señaló que el presidente simplemente "participó" de aquel acto. Pero Jair Bolsonaro "no es un ciudadano común y corriente", señaló Míriam Leitão, analista del diario carioca O Globo. El diario paulista Folha Jair Bolsonaro sostuvo en su editorial que Bolsonaro Mientras tiene una "oficina del odio" que abre para despotricar "contra enemigos imaginarios" y hacer transparente "su patético deseo de alterar la democracia". Su discurso "encuentra eco solo en una minoría fanática".

"No soy enterrador"

La crisis política se superpone con la sanitaria con el agravante que todavía falta para que la expansión del covid-19 llegue a su punto más alto. El alcalde de Manous, Arthur Virgílio Neto, aseguró que la capital del estado de Amazonas ya no vive una emergencia, sino "una situación de calamidad". El 91% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas mientras crece el número de fallecidos a diario. "Estamos en el punto de la barbarie. Amazonas pide ayuda. SOS Amazonas. Aceptamos voluntarios, médicos, dispositivos que funcionen bien o sean nuevos ", dijo con los ojos llorosos.

Las escenas de ese estado se repiten en otras regiones del país. Según Folha, alrededor de 22 millones de brasileños viven en lugares que pueden ser especialmente vulnerables a la pandemia por las altas tasas de enfermedades crónicas, una condición de riesgo para el covid-19, y una cantidad insuficiente de equipos necesarios para tratar los casos más graves. En este contexto se reportó la muerte en Sao Paulo de un médico de 32 años. Frederic Jota Lima trabajaba en la primera línea de combate contra la pandemia.

El Gobierno de ultraderecha no solo minimiza el peligro de la pandemia. "No soy enterrador", contestó Bolsonaro cuando le preguntaron el lunes sobre las víctimas fatales del coronavirus. El pasado lunes, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó un acuerdo de cooperación internacional que tiene como objetivo garantizar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipos médicos para enfrentar la calamidad. Solo Brasil, Estados Unidos y otros 12 países, entre los 193 miembros de la ONU, no patrocinaron la resolución.