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DECISIONES TRASCENDENTALES

El Supremo de EEUU ampara el rediseño partidista de mapas electorales

Aunque asume los riesgos para la demoracia de la práctica de 'gerrymandering' dice que no es función de la justicia federal regularla. El Alto Tribunal frena, pero solo temporalmente, el polémico intento de Trump de preguntar sobre ciudadanía en el censo

 

Un hombre vestido como el Tio Sam ejerce su derecho al voto en un centro electoral en el eastside de Nueva York en las eleccines presidenciales del 2016. - EFE / PETER FOLEY

IDOYA NOAIN
27/06/2019

Las trascendentales consecuencias del giro conservador que Donald Trump ha conseguido dar al Tribunal Supremo de Estados Unidos con el nombramiento de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh han vuelto a evidenciarse este jueves. La nueva mayoría conservadora se ha negado a limitar la polémica práctica del gerrymandering, el rediseño partidista de los mapas electorales que beneficia al partido en el poder. Y aunque en otra decisión el Alto Tribunal ha paralizado el intento de la Administración Trump de incluir una conflictiva pregunta sobre ciudadanía en la elaboración del próximo censo, que también podría tener consecuencias electorales favorables a los republicanos, ese bloqueo no es definitivo.

Nadie puede negar, y ni siquiera lo han hecho en su decisión los jueces conservadores del Supremo, que el partidismo excesivo en la creación de distritos (electorales) lleva a resultados que razonablemente parecen injustos y que esa práctica es incompatible con los principios democráticos. Sin embargo, en la decisión aprobada por cinco votos contra cuatro y escrita por el presidente del Tribunal, John Roberts, la mayoría conservadora ha estipulado que tomar determinaciones sobre la cuestión no es asunto de la justicia federal.

Es una decisión de un calado enorme, pues la ciudadanía o la oposición solo podrá acudir a tribunales estatales (donde muchos de los jueces son nombrados por un partido concreto o elegidos en distritos rediseñados de forma partidista) para denunciar o retar esos rediseños a conveniencia. Estos se han hecho cada vez más radicales y problemáticos, especialmente aunque no solo en gobiernos y legislaturas estatales controlados por los republicanos. En uno de los dos casos que el Supremo ha resuelto en su decisión, por ejemplo, los republicanos en Carolina del Norte redibujaron los mapas de tal manera que en 2016 aunque solo consiguieron el 53% de los votos lograron ganar el 77% de los distritos.

EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, EN PELIGRO

Las alertas sobre la decisión han sido múltiples. La jueza progresista del Supremo Elena Kagan ha escrito en la explicación de su voto disidente: Las prácticas que se retaban en estos casos ponen en peligro nuestro sistema de gobierno. Parte del papel del Tribunal (Supremo) en ese sistema es defender sus cimientos. Ninguno es más importante que elecciones libres y justas. Y numerosos expertos y organizaciones que trabajan en la defensa de la democracia en EEUU han reaccionado con similar indignación.

Alex Keena, profesor universitario en Virginia y autor de un libro sobre 'gerrymandering', ha asegurado que la sentencia lanza el mensaje de que los partidos políticos son libres para manipular los distritos legislativos para hacer avanzar objetivos políticos descarados. Michael Waldman, presidente del Centro Brennan para la Justicia, ha denunciado que se da luz verde judicial para el partidismo atroz, un permiso a los políticos para atrincherarse sin miedo a una intervención judicial. Y el grupo Common Cause ha lamentado que dejar que los políticos manipulen los mapas de votantes es como poner al zorro a cargo del gallinero. Favorezcan a demócratas o republicanos, los rediseños hacen trampa a los votantes.

CENSO

Tampoco la decisión adoptada con cuatro votos de jueces progresistas y el de Roberts que paraliza por ahora la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo, que da un golpe temporal pero no definitivo a Trump, es plenamente satisfactoria para nadie. Y es que, aunque se rechazan los argumentos que dio la Administración tratando de justificar esa polémica pregunta, les deja espacio para replantear la argumentación.

El censo sirve no solo para contar los habitantes, independientemente de su estatus de ciudadanía o residencia, sino también para repartir según la población 600.000 millones de dólares de fondos federales. Sus cifras, además, se usan en el rediseño de distritos electorales y afecta a la asignación estatal de escaños en la Cámara Baja del Congreso federal.

El gobierno ha defendido públicamente que quería preguntar sobre el estatus legal para aplicar mejor las leyes electorales, un argumento que hasta Roberts ha criticado diciendo que parece forzado o artificioso. En realidad, se teme y se denuncia que lo que se pretende es asustar a la comunidad de inmigrantes, una intimidación que electoralmente podía ser perjudicial para los demócratas. Esa crítica ganó peso recientemente, cuando se encontraron papeles de un fallecido estratega republicano en que reconocía que la meta última era reducir el poder del voto hispano, tradicionalmente tendente a los demócratas, y hacer más ventajoso el rediseño de distritos a republicanos y blancos no hispanos.

Tras la decisión del Supremo, y desde Japón, adonde ha viajado para la cumbre del G20, Trump ha acudido a Twitter para mostrar su indignación. Ha denunciado como "totalmente ridículo" que el gobierno no pueda preguntar sobre ciudadanía y ha anunciado que se plantea retrasar la elaboración del censo. Según su mensaje en la red social, ha preguntado a los abogados del gobierno si es posible postergar esa encuesta de población hasta que el Alto Tribunal tome una decisión definitiva, "sin importar cuánto tiempo lleve" el proceso.