“La incapacidad intelectual es una condición, no una puntuación”. Con esa idea, cinco de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos han ampliado este martes la protección a algunos presos en el corredor de la muerte, rechanzado leyes rígidas de estados como Florida que establecían que cualquiera con un cociente intelectual superior a 70 podía ser ejecutado.

El Alto Tribunal prohibió en el 2002 las ejecuciones de gente con retraso mental argumentando que representaban el castigo cruel que prohibe la Constitución. Entonces dejó en manos de los estados determinar quién presentaba retraso mental. Pero ahora ha sentenciado que algunos de esos estados han decidido guiarse por normas demasiado rígidas, y ha cuestionado que el mero hecho de puntuar por encima de determinado cociente en una prueba sea evidencia suficiente de la capacidad intelectual de un reo y, por lo tanto, de carta blanca para ejecutarlo.

De hecho, los cinco magistrados de la opinión mayoritaria han señalado las imprecisiones “inherentes” del tipo de exámenes que determinan el cociente intelectual. El caso que ha motivado la decisión es el de Freddie Lee Hall, un hombre de 68 años condenado a muerte por violar y matar en 1978 a Karol Hurst, una mujer de 21 años embarazada, a la que él y otro hombre secuestraron al salir de una tienda (que luego volvieron a robar y donde mataron a un policía). Su cociente intelectual, según las autoridades de Florida, es 71. El estado considera que, a partir de 70, no hay discapacidad intelectual, por lo que se le podía ejecutar.

El Supremo, pese al rechazo de cuatro jueces conservadores, recomienda que cuando se determine que un preso se mueve en cocientes de entre 65 y 75, a sus abogados defensores se les permita presentar más pruebas médicas, sobre todo las que, más allá de números, estudien la incapacidad de aprender tareas básicas y de adaptar las reacciones a circunstancias cambiantes. La sentencia elimina la barrera de los 70 puntos que han usado estados como Florida, Virginia y Kentucky pero deja la puerta abierta a que se pueda establecer un nuevo parámetro fijo y dice, por ejemplo, que no está decidiendo si un estado puede usar un cociente intelectual de 75 como nuevo punto de inflexión.