Las peticiones para recurrir a los tribunales de Estados Unidos que han presentado algunos de los más de 600 detenidos en la base de Guantánamo (Cuba) llegaron ayer al Tribunal Supremo en Washington. La más alta magistratura estadounidense comenzó a revisar, por primera vez, si estos prisioneros, sumidos en un auténtico limbo legal por la Casa Blanca, tienen derecho a recurrir a los tribunales federales de EEUU.
"Es totalmente artificial decir que el Ejecutivo puede crear una zona sin ley, donde no tiene que rendir cuentas a ningún poder judicial de ningún sitio", argumentó el juez jubilado John Gibbons en nombre de los detenidos. Además, añadió que "siempre ha estado claro, en los últimos 215 años", que los detenidos bajo la jurisdicción federal pueden tener acceso a los tribunales de EEUU.
EL PAIS EN GUERRA La posición de la Administración de George Bush es radicalmente opuesta a esta tesis y se basa en que "EEUU está en guerra", según dijo el abogado del Estado, Theodore Olson. Si el Supremo se alinea con los presos de Guantánamo, "colocaría a los tribunales federales en posición de decidir cómo maneja el Ejecutivo a los combatientes enemigos capturados en el extranjero, algo que no tiene precedentes", añadió.
Aunque la audiencia de ayer sólo revisó las posiciones de ambos bandos con respecto a dos demandas presentadas por dos detenidos y otros dos ya liberados, la decisión que adopte el Supremo a finales de junio tendrá un gran impacto sobre la suerte de los más de 600 presos de 44 países retenidos en Guantánamo, muchos de ellos apresados en operaciones contra Al Qaeda en Afganistán y en Pakistán.
La presentación de los alegatos fue muy intensa. Los nueve magistrados se quitaron la palabra unos a otros para interpelar a los letrados. No en vano se trata del caso más importante sobre seguridad nacional que ha llegado hasta la más alta magistratura en los últimos años.
En sus preguntas, los magistrados mostraron sus divisiones ideológicas. Los cuatro más liberales --David Souter, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y John Paul Stevens-- mostraron sus dudas sobre la posición de la Casa Blanca. Como contraste, el conservador William Rehnquist, que preside el tribunal, destacó que los presos no están en suelo estadounidense --como argumenta el Gobierno-- y se preguntó cómo puede un tribunal de EEUU escuchar un caso de Cuba.
