La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos fue un terremoto político y ayer dio una de sus mayores sacudidas. En una controvertida decisión, Trump desclasificó un polémico documento que acusa al FBI y al Departamento de Justicia de politizar el Rusiagate, la investigación que trata de dilucidar si él o su equipo se confabularon con Moscú mientras el Kremlin interfería en las elecciones estadounidenses. Es una bomba lanzada directamente contra su comunidad de inteligencia, Justicia y la investigación especial que dirige el fiscal especial Robert Mueller. Y sitúa a Estados Unidos en una crisis institucional y al borde de una constitucional.
De nada ha servido que la comunidad de inteligencia advirtiera a Trump en contra la desclasificación del memorando y que el director del FBI que él eligió tras cesar fulminantemente a James Comey, Christopher Wray, mostrara su «profunda preocupación» por las omisiones e imprecisiones del documento. El presidente, con sus aliados republicanos en el Congreso y en los medios ultraconservadores, está empeñado en probar que la investigación es «una caza de brujas» política, en la que se habrían conjurado los demócratas y lo que se conoce como el «estado profundo».
Esa teoría conspiratoria le ha sumido incluso desde antes de llegar a la Casa Blanca en una campaña de descrédito de la comunidad de inteligencia. Una vez ya en el Despacho Oval, al despedir a Comey en mayo del año pasado, hizo la primera declaración abierta de guerra (una que despejó el camino para que potencialmente sea investigado por obstrucción de la justicia). Y ahora la desclasificación anticipa una nueva fase, quizá más demoledora, de la contienda. Y es que en las palabras de Trump laten amenazas por ahora veladas de seguir haciendo rodar cabezas entre los vinculados a la investigación. «Es terrible, una desgracia, lo que está ocurriendo en este país», dijo Trump al anunciar su decisión de desclasificar el documento. «Mucha gente debería estar avergonzada, o algo más».
El memorando fue preparado por los ayudantes del republicano que preside el Comité de Inteligencia del Senado, Devin Nunes, que colaboró con la campaña del magnate. Ha sido el comité quien lo ha hecho público inmediatamente tras la desclasificación. Y entre sus principales acusaciones está la de que el FBI y Justicia manipularon información para conseguir que un juez aprobara una orden para espiar a Carter Page, otro asesor de campaña de Trump.
Según el documento, para lograr esa orden judicial se usó material del llamado dossier ruso, un documento también polémico preparado por el exespía británico Christopher Steele y financiado por la campaña de Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Lo que no se dice en esas tres páginas y media es que, aunque partes del dossier Steele no han sido verificadas (incluyendo las que se referían a actividades sexuales de Trump), hay otras a las que la comuidad de inteligencia sí dio credibilidad. Podrían ser las que usaron ante el juez.
ECOS DEL 'WATERGATE'
Los detalles sobre el memorando de Nunes no son irrelevantes pero palidecen al lado de lo que late detrás de su desclasificación. Y es que para muchos está convirtiéndose en algo más que un eco la «masacre del sábado noche», una serie de despidos que Richard Nixon realizó para tratar de frenar la investigación del Watergate.
El martes, en su discurso sobre el estado de la Unión, Trump abogó por cesar a «empleados federales que minan la confianza pública o fallan al pueblo americano». Ayer su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, emitió un comunicado asegurando que el memorando Nunes «plantea serias preocupaciones sobre la integridad de las decisiones tomadas a los más altos niveles del Departamento de Justicia y el FBI». Y el propio Nunes también ha emitido un comunicado asegurando que han descubierto «serias violaciones de la confianza ciudadana» y diciendo que «el pueblo americano tiene derecho a saber cuando los cargos en instituciones cruciales abusan su autoridad con propósitos políticos».
En todas las declaraciones se palpa un abono del terreno para justificar más ceses. Los periodistas le preguntaron ayer al presidente si mantiene la confianza en Rod Rosenstein, el número dos del Departamento de Justicia, y contestó crípticamente con un «eso lo tendrán que averiguar ustedes». Rosenstein fue quien, después de que el fiscal general Jeff Sessions se inhibiera de cualquier investigación sobre Rusia tras haber mentido, nombró a Mueller fiscal especial.
Los demócratas en el Congreso han firmado una carta advirtiendo al presidente de que el despido de Rosenstein o Mueller (a quien Trump ya intentó cesar en verano) llevaría al país a una «crisis constitucional» no vista desde la «masacre» de Nixon. Rosenstein es de los pocos altos cargos citados en el memorando que se mantienen en su puesto.
