El Morogate ha sacudido a Brasil como una mata y ha puesto al presidente, Jair Bolsonaro, frente a una doble pesadilla política. Por un lado, la amenaza de quedarse sin uno de sus ministros estrella, Sergio Moro, fuertemente debilitado después que saliera a luz el papel que jugó en sus tiempos de juez como coordinador de las acusaciones contra Luiz Inácio Lula da Silva que, en lo formal, llevó adelante el jefe de los fiscales del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol. La posible caída del actual ministro de Justicia va junto a otra noticia que enfurece al Gobierno de ultraderecha: el exmandatario, en prisión desde abril del 2018, podría salir pronto de la cárcel de Curitiba.
El locuaz y provocador Bolsonaro se ha quedado por el momento sin palabras. Solo sus hijos han manifestado que todo se trata de una campaña orquestada. El capitán retirado ha preferido esta vez la sutileza y que las imágenes hablen por él sobre los hechos que estremecen al país. Por eso ayer se dejó fotografiar al lado de Moro. Juntos se subieron a una lancha en el lago Paranoá que baña la residencia oficial del presidente. Más tarde fueron a una ceremonia militar.
RESPALDO MUY DÉBIL
Según O Globo, el juez se quedó al lado de Bolsonaro «en señal de prestigio». El excapitán luego lo condecoró. Pero para la mayoría de los analistas políticos se trató de un respaldo muy débil que parece presagiarle al ministro mayores amarguras, entre ellas que el Congreso forme una comisión de investigación.
Moro estaba siendo cuestionado por su agenda en materia de seguridad. Pero las filtraciones de The Intercept lo han puesto «contra la pared», de acuerdo con la revista Piauí. Para la ultraderecha era un paladín judicial. Ahora aparece como alguien que chutaba los córners y cabeceaba al mismo tiempo. La metáfora futbolística utilizada no solo alude a los mensajes cruzados a través de la aplicación Telegram entre un magistrado y un fiscal, prohibidos por la Carta Magna y el Código Penal. Moro ha quedado a su vez en evidencia como acusador y responsable de impartir justicia en la causa que condenó a Lula.
El material revelado por The Intercept tiene un potencial radiactivo. Los escasos defensores del ministro lo desecharon como pruebas por haber sido obtenidos de manera ilegal, presuntamente a través de un hacker. Pero Gilmar Mendes, uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) consideró fallida esa interpretación. «Si mañana se descubre que una persona condenada por asesinato es inocente a través de una prueba ilegal, se dice que en general esa prueba es válida».
Ese criterio, señaló el diario paulista Folha, es compartido por otros integrantes de la máxima autoridad judicial que, en breve, debe analizar una petición presentada por la defensa de Lula contra Moro que, si prospera, debería desembocar en la anulación del juicio que llevó a la cárcel al líder del Partido de los Trabajadores (PT). Oscar Vilhena, profesor de Derecho Constitucional de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo, y Thiago Bottino, profesor de Derecho Penal en la FGV Derecho Rio, manifestaron a Piauí que las conversaciones entre Moro y Dallagnol tienen el potencial para invalidar ese proceso por falta de parcialidad.
La ultraderecha, que por lo general interviene en las redes de manera desembozada cuando discute un asunto de primer orden y no duda en recurrir a las fake news, esta vez ha reaccionado con timidez. Moro también calla con un agravante impensado: se espera que ofrezca alguna explicación.
PERSECUCIÓN
Mientras pasan las horas, señala Hélio Schwartsman, columnista de Folha, el «perjuicio político es completo». Juez y fiscal, añade, «establecieron una relación de proximidad absolutamente inadecuada que da pie a la sospecha desde siempre levantada por la defensa del expresidente». Valeska Teixeira Zanin Martins, la abogada de Lula, se congratuló con esa conclusión. «Es lo que siempre dijimos: este fue un caso de persecución política para retirar al expresidente de las elecciones del año pasado».
El Consejo Federal del Orden de Abogados de Brasil expresó su perplejidad ante el caso y pidió que los involucrados renuncien a los cargos públicos que ocupan para que no haya sospechas sobre la conducción de las investigaciones, aunque no citó nombres en la nota divulgada este lunes. «No se puede desconsiderar la gravedad de los hechos, lo que exige una investigación plena, imparcial y exenta, ya que están involucrados miembros del Ministerio Público Federal», explicó en una nota.
Antes de que estallara el Morogate, el mismo STF tenía fijado para este martes discutir la concesión del arresto domiciliario a personas condenadas en segunda instancia, entre ellas Lula. Las cosas cambian vertiginosamente en Brasil. Y todavía -conjeturan los que siguen de cerca el escándalo- pueden aparecer otras asombrosas revelaciones.
