Apenas 24 horas después de que la fiscal jefe de Israel, Edna Arbel, recomendara procesar al primer ministro israelí, Ariel Sharon, el Supremo ordenó ayer a su hijo, Gilad, entregar documentación de dos de los casos de corrupción en los que el primer ministro está presuntamente implicado. Mientras, Sharon anunció que en un mes presentará su plan para evacuar la franja de Gaza.

Sharon vincula su futuro político a la evacuación de Gaza. Está previsto que en un mes, el fiscal general, Menachem Mazuz, decida si lo procesa por aceptar sobornos. El 14 de abril, Sharon buscará, en un importante viaje a EEUU, el apoyo del presidente, George Bush, a su plan de separación. Ayer, Sharon dijo que si logra el sí de Bush presentará de inmediato el plan, primero a su Gobierno y después al Parlamento. Si se cumple el calendario, Mazuz debería hacer público si procesa al primer ministro por esas fechas.

No es de extrañar que se sucedan las peticiones de dimisión. "Usted no puede gobernar y a la vez lavar su nombre", interpeló el diputado del Meretz, Yossi Sarid. El número dos de Sharon, Ehud Olmert, declaró que no tiene "ninguna duda" de que su jefe no dimitirá si es procesado.

Un procesamiento que los analistas israelís ven como muy probable, y más con las nuevas revelaciones que van apareciendo. El diario Haaretz desveló ayer que una de las principales pruebas contra Sharon es una conversación grabada con el empresario David Appel, en la que dijo: "La isla está en nuestras manos". Sharon está acusado de haber utilizado su posición como ministro para ayudar a Appel en un negocio de turismo en una isla de Grecia a cambio de un sueldo millonario para su hijo Gilad y de ayudas en las primarias del Likud de 1999.

NUEVA INVESTIGACION La decisión del Supremo de exigir a Gilad que entregue documentación no sólo abre nuevas vías de investigación del caso de la isla griega , sino también del denominado Sharongate , un segundo caso en el que se investiga si recibió 1,5 millones de dólares (1,23 millones de euros, 204,5 millones de pesetas) de un empresario surafricano para pagar contribuciones electorales ilegales.