Los representantes de la troika de acreedores concluyeron hoy en Atenas un primer sondeo de cara a la próxima evaluación del programa de ajuste, prevista para septiembre y de la que dependerá si Grecia puede contar con un posible alivio de su deuda. "Hay muchas cosas que hacer todavía. Agosto será para nosotros un mes de trabajo muy duro", declaró un alto funcionario griego tras la reunión entre el nuevo ministro de Finanzas, Gikas Jardúvelis, con la troika que puso punto final a una semana de entrevistas de los acreedores con representantes de diversos ministerios.

Atenas todavía tiene que cumplir 600 requisitos antes de que la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional puedan dar su visto bueno a la eventual renegociación de la deuda griega. El tema más espinoso es el de los créditos morosos de empresas e individuos hacia los bancos, calculados en más de 70.000 millones de euros.

Según informaciones filtradas a los medios, el Gobierno griego ha propuesto de solución global para los créditos morosos de las empresas, que se contemple ampliar los plazos de devolución, tanto en las deudas hacia los bancos como hacia la Hacienda o la Seguridad Social. Las deudas a la hacienda pública superan ya los 65.000 millones de euros, mientras que a la seguridad social se sitúan en alrededor de 16.000 millones. La troika, sin embargo, no parece darse por satisfecha con la propuesta del Gobierno de Andonis Samarás, El tema de los créditos morosos de los particulares, en su mayoría hipotecas, ha quedado aplazado para más tarde.

La solución final depende de las pruebas de resistencia (stress tests) de los bancos griegos, que tendrán lugar en octubre, cuando se conozcan sus necesidades de capital. Otro asunto altamente espinoso es el del déficit financiero de Grecia para los años 2015 y 2016. La troika y especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), no comparte el optimismo de las previsiones del Gobierno griego sobre los ingresos del Estado en 2014 y pide nuevas medidas de ajuste.

Las decisiones recientes del Consejo de Estado (Tribunal Supremo Administrativo) que declararon anticonstitucionales los recortes salariales aplicados a los uniformados, a los jueces, a los médicos de hospitales y, en parte, a los profesores de universidad, podrían suponer, según los representantes de la troika, un gasto adicional de 1.000 millones de euros.

El Gobierno, por su parte, confía en que los buenos resultados del primer semestre, cuando presentó un superávit primario de 712 millones de euros, le permitirán no solo evitar nuevas medidas de ajuste, sino también proceder a una reducción puntual de la presión fiscal. Otro tema que queda pendiente es el despido de 6.500 funcionarios del total de 11.000 a los que se comprometió Atenas para este año.

Buena parte de estos despidos deben hacerse entre los funcionarios de la administración local, algo que rechaza el nuevo ministro de Interior Argyris Dinópulos. Los problemas internos del Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas no se limitan a los despidos de funcionarios.

La troika exige, lo antes posible, la reforma radical de la legislación laboral, permitir despidos colectivos sin límite y el derecho al cierre patronal, abolido en Grecia en 1982. Además exige una nueva reforma de las pensiones, lo que provocaría un nuevo golpe a los bolsillos de los jubilados a partir de otoño. A estas reformas se opone categóricamente el Pasok, el socio socialdemócrata del primer ministro conservador, Andonis Samarás.

Entre la multitud de asuntos pendientes figura el plan de privatizaciones, que va muy retrasado. La semana pasada el Parlamento aprobó por escasa mayoría la privatización parcial de la compañía pública de electricidad (DEI), pero todavía quedan pendientes proyectos mayúsculos como puertos, aeropuertos, y ferrocarriles. Una de las pocas iniciativas que parecían avanzar, la privatización de las aguas de Atenas y de Salónica, no solo se han topado con la resistencia ciudadana sino también del Tribunal Supremo Administrativo.

En un reciente dictamen el tribunal declaró anticonstitucional la privatización de la compañía de aguas de Atenas por considerar que pondría en peligro la obligación del Estado de velar por la salud de sus ciudadanos. El viceprimer ministro Evángelos Venizelos dejó entrever hace unos días que el Gobierno no privatizará estas compañías, por las que varios grupos multinacionales habían mostrado su interés.EFE