«Quedarse en México» no es la idea con la que han llegado hasta Tijuana los cerca de 3.000 integrantes de la caravana que salió de Honduras en octubre a la que sumaron otros centroamericanos, ni los otros 2.000 migrantes que ya esperaban en la ciudad de Baja California su turno para pedir asilo en Estados Unidos, ni los cientos más que siguen intentando llegar. Eso es, no obstante, lo que tiene en mente para ellos el presidente Donald Trump, cuyo Departamento de Seguridad Nacional tiene preparado un plan bautizado precisamente así que pretende cambiar las reglas del proceso y obligar a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino y no, como hacían hasta ahora, en EEUU.
El plan, a cuyos borradores ha tenido acceso The Washington Post, podría entrar en vigor en los próximos días, aunque puede chocar con batallas legales dentro de EEUU y deberá superar complicadas negociaciones con México, donde la ley no contempla la obligación de acoger a solicitantes de asilo en otro país.
Es solo una de las medidas con las que Trump y sus asesores más extremistas en cuestiones de inmigración han endurecido en los últimos días su actuación en la frontera, con el presidente especialmente furibundo tras la decisión de un juez federal de frenar otro de sus intentos de cambiar las leyes de asilo, concretamente la proclamación que firmó el 9 de noviembre vetando la opción de solicitarlo a quienes cruzaran sin papeles la frontera. El paso más duro en esta nueva fase del proceso se dio el martes cuando John Kelly, jefe de gabinete de Trump, firmó a instancias del presidente una directiva que da autorización para usar «fuerza letal» a los 5.800 soldados en activo desplegados en la frontera, donde también Trump ha colocado a unos 2.100 miembros de la Guardia Nacional. Ese poder es legalmente cuestionable según numerosos expertos. Aunque la Administración la justifica como una opción para defender a los agentes fronterizos, choca frontalmente con la Posse Comitatus, una ley federal que desde 1878 prohíbe a las fuerzas armadas de EEUU actuar como agentes de la ley dentro de sus fronteras.
PILLAR POR SORPRESA
Incluso Kelly se oponía a firmar la autorización, que pilló por sorpresa al secretario de Defensa, James Mattis, que el miércoles negó categóricamente que los soldados fueran a usar armas de fuego en sus tareas de apoyo a las fuerzas fronterizas. El jefe del Pentágono insistió en que incluso con la directiva él tiene la última palabra y dijo que si los agentes fronterizos fueran atacados con piedras los soldados podrían actuar y detener al agresor, pero aclaró que los militares «no estarán armados con un arma de fuego».
Trump sigue actuando movido por el mensaje a su base, a la que siempre ha arengado usando un discurso de mano dura en la frontera y de criminalización del inmigrante. Es una retórica que mantiene con la caravana, a la que ha descrito como «invasión». Ahora asegura, sin dar pruebas, que hay 500 criminales. El jueves llegó a decir que si la situación llega a un nivel en que pierda el control, optaría por «cerrar toda la frontera». Trump se mueve también, no obstante, por las turbulentas corrientes enfrentadas dentro de su equipo. Asesores extremistas como Stephen Miller, uno de los arquitectos de la política migratoria, gozan de influencia en el presidente. Mientras, han perdido su confianza cargos como Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional y una protegida de Kelly, y el propio Kelly. Se da por hecho que Trump los sacará de su gabinete.
