El jueves, cuando un tribunal federal de apelaciones dio a Donald Trump su mayor golpe judicial hasta la fecha, manteniendo suspendida la orden ejecutiva con que ha tratado de vetar la entrada a EEUU de refugiados y de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana y recordándole que existe la separación de poderes y que el suyo no está exento de ser revisado por la justicia, el presidente reaccionó con la rabia habitual mostrada durante sus tres semanas en la Casa Blanca.

Primero ofreció una airada respuesta en Twitter, en mayúsculas, que en la red equivalen a gritar. Luego dio unas declaraciones en las que insinuaba que se había tratado de una decisión política, aunque la sentencia unánime la adoptaron dos jueces nombrados por presidentes demócratas y uno designado por un republicano. Menos de 24 horas después, Trump moderó su tono pero no su firme defensa de su polémico decreto ni su estrategia: usar la carta del miedo para justificar sus acciones asegurando, sin dar detalles, que el país enfrenta una amenaza «enorme» y prometiendo medidas «adicionales» para aumentar la seguridad.

Esas medidas, según sus propias palabras «algo relacionado con la seguridad adicional del país», serán anunciadas «en algún momento de la semana que viene». Y aunque en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, Trump no dio más detalles de en qué pueden consistir, recordó su apuesta por el «escrutinio extremo» de los solicitantes de refugio y de otros visitantes de EEUU. Aseguró que sus acciones impedirán entrar en EEUU a gente «que busca hacer daño a nuestro país», aunque también dijo que «EEUU siempre va a permitir (la entrada) de mucha gente que ama al país». E insistió en que su Administración va a «hacer lo que sea necesario para mantener América segura».

Poco importa que dos de los factores que llevaron a los jueces a tomar su decisión contraria a reinstaurar el veto de Trump fueran, precisamente, que el Gobierno no ha respondido a las «reiteradas invitaciones» del tribunal a explicar en detalle la «necesidad urgente» de aplicar el veto y que la Administración «no ha mostrado pruebas de que ningún ciudadano de los países nombrados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en EEUU».

Trump insistió ayer en que el país enfrenta «amenazas enormes». Y argumentando que esa es una de las «muchas cosas» que «solo puedes aprender en la posición de presidente», vino a decir que es una amenaza que solo él puede entender, reclamando de los ciudadanos y de los tribunales una confianza ciega que muchos de estos han dejado claro que no están dispuestos a darle.

RESPETO / Trump mostró más respeto que hasta la fecha por el poder judicial y, por una vez, no insultó a ningún juez. Anunció que mantendrán «el proceso en los tribunales» para intentar reinstaurar el veto. Y se mostró confiado en su victoria. «No tengo dudas de que ganaremos el caso», dijo.

El futuro de su decreto, cuya constitucionalidad aún no se ha estudiado en los tribunales, es una incógnita. Distintos medios han informado de que el equipo de asesores legales de la Casa Blanca trabaja en la reescritura de la orden ejecutiva para intentar que supere los retos legales que ha encontrado (cerca de 20 demandas planteadas). Y en su baraja está apelar al mismo tribunal que dictaminó en su contra o llevar el caso al Tribunal Supremo, que hasta que se confirme a su nominado, Neil Gorsuch, está compuesto por ocho miembros que suelen dividirse a votos iguales por líneas ideológicas.