Ante la polémica por las medidas migratorias impuestas por la Administración Trump, que han originado la separación de familias y la deportación de algunos de sus miembros, la disputa legal continúa entre el gobierno y algunas asociaciones civiles que pidieron a un juez federal, que suspendiera estas acciones y aún están estudiando este caso.

Por este motivo, el Gobierno de EEUU ha pedido una pronta decisión sobre la suspensión temporal de las deportaciones de familias inmigrantes reunificadas que un juez ordenó el pasado 16 de julio, con el argumento de que la cantidad de personas detenidas comienzan a causar problemas en las agencias federales.

En una audiencia en una corte federal de San Diego (California), el juez Dana Sabraw prometió adoptar una resolución al respecto, aunque no concedió un plazo para ello. Mientras tanto, se mantiene vigente el cese de las deportaciones de familias reunificadas y que habían sido separadas en la frontera de Estados Unidos con México a raíz de la política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal implementada por el Gobierno de Donald Trump.

El juez Dana Sabraw, que atiende la denuncia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el gobierno Gor la separación familias por su condición migratoria ilegal, determinó en julio que las autoridades migratorias debían reunificar a las familias indocumentadas separadas en la frontera y estableció plazos diferentes para los niños menores de cinco años y los mayores de esa edad, los cuales el gobierno ha cumplido de manera parcial.

Le preocupa al gobierno algunos disturbios

Pero el abogado del Gobierno estadounidense, Scott Stewart, ha urgido al juez por teléfono a tomar pronto una resolución, ya que desde que se congelaron las deportaciones se han acumulado problemas de espacio en los centros y también para las propias operaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según Stewart, la situación "está empezando a interferir con las operaciones de la ICE", al tiempo que ha asegurado que los conflictos comienzan a presentarse por las condiciones en que están los detenidos. "Están lidiando con disturbios en al menos una de sus instalaciones en donde la gente quiere ser liberada", ha agregado el abogado, quien ha indicado que el plan del gobierno es deportar a estos padres tan pronto como sea factible.

La polémica continúa ya que la ACLU ha pedido al magistrado que no se deporte a las familias antes de siete días después de haber sido reunidas, para que así se les otorgue un tiempo en el que puedan recibir orientación y evaluar sobre sus opciones futuras. Sin embargo, el juez ha insistido en que los inmigrantes "ya han tenido tiempo suficiente", pues la última fecha límite para las reunificaciones fue el pasado 26 de julio.

La audiencia en la que Sabraw escuchó los argumentos sobre esta cuestión de parte de los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) y de la ACLU, se ha producido después de que un juez de Columbia transfiriera al Tribunal de San Diego una demanda paralela sobre menores separados de sus padres, mientras tanto, las partes deberán presentar un informe semanal de avances en torno a la reunificación de familias en las que el padre o la madre no se encuentra en el país.