Turquía, con cerca de 80.000 positivos por coronavirus, intenta caminar por la fina línea entre intentar salvar la economía del país y luchar contra la pandemia. Y lo hace con medidas nada comunes en todo el mundo: una de las últimas, anunciada por Recep Tayyip Erdogan esta semana, es la de imponer un toque de queda total y absoluto únicamente durante los fines de semana.
A parte de los trabajadores esenciales, nadie, bajo ningún concepto, podrá salir de casa. Esto ya ocurrió el pasado fin de semana, y la prueba piloto salió mal, porque el viernes por la noche -ante el anuncio del toque de queda inminente-, cientos de miles de turcos salieron a comprar a última hora. Las calles colapsaron y se cree que mucha gente, esa misma noche, pudo haberse contagiado.
La razón de la estrategia de Erdogan está clara: no parar la economía. O parar el país, más bien, cuando menos duela: hasta la fecha, Ankara ha tomado medidas para frenar el virus, pero nunca -y parece que no va a pasar- se ha decretado el confinamiento total de la población. Sí que se ha decretado, en cambio, la prohibición de salir de casa a los mayores de 65 y a los menores de 20 -exceptuando a los que tengan un trabajo-; no se puede viajar de una provincia a otra; y los bares, restaurantes, escuelas, universidades y servicios cara al público hace semanas que están completamente cerrados.
ATRAPADO EN UN DILEMA
Pero la actividad económica -aunque renqueante- sigue: estos días primaverales, en Estambul, a falta del tráfico habitual, se oye durante las 24 horas del día los sonidos de obras y construcción por todos lados. "El Gobierno de Erdogan está atrapado en un dilema entre la indispensable necesidad de mantener la economía en funcionamiento y el objetivo imposible de tratar eficientemente con la pandemia con medidas parciales o graduales -escribe el columnista turco Kadri Gürsel-. El Ejecutivo se apoya en medidas parciales para intentar acabar con el virus, porque considera que no hay otra forma de proteger su futuro político".
"Sacrificar la maltrecha economía turca para luchar contra la pandemia no es algo que este Gobierno esté dispuesto a hacer", continúa el periodista.
Erdogan, así, tiene pocas opciones en su mano, porque la economía turca vive desde hace varios años en una crisis de inflación de precios y depreciación de la moneda que parece imparable. En la actualidad, el paro está cerca del 14%, y muchos expertos creen que por culpa del covid-19 la cifra podría hasta doblarse. Y, en consecuencia, el presidente turco busca válvulas de escape.
"ELIMINAR VARIOS VIRUS"
Hasta la fecha, algo más de 1.700 personas, según las cifras oficiales, han muerto en Turquía a causa del coronavirus. Pero las asociaciones de médicos aseguran que la cifra real supera el doble de la que dice el Gobierno.
Erdogan, no muy dado a la crítica, lo niega todo: "Algunos medios, utilizando el brote del virus, han lanzado una guerra contra su propio país, como siempre hacen. En vez de contribuir en el esfuerzo de nuestra nación en este momento crítico, evidencian su resentimiento fabricando noticias falsas, que muestra que tienen una enfermedad mucho más peligrosa que el virus. Nuestro país, si Dios quiere, no solo se deshará del coronavirus, sino que también lo hará de estos virus políticos y mediáticos", dijo Erdogan este lunes.
De hecho, la última medida turca para luchar contra el virus ha sido una tomada en muchos otros lugares: liberar a varias decenas de miles de prisioneros de las cárceles, donde los brotes de covid-19 se esparcen muy fácilmente.
Pero la historia tiene un giro de guion. Esta amnistía temporal no incluye a los presos políticos del país, como el activista kurdo Selahattin Demirtas -cuya liberación pidió hace meses el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH)-, u Osman Kavala, un filántropo liberal al que el Gobierno acusa de instigar las protestas de Gezi del 2013. "Mucha gente que está en la cárcel porque ejerció sus derechos y no cometió ningún delito está excluida de esta medida porque el Gobierno turco decide usar una ley anti-terrorista muy amplia y vaga", asegura Amnistía Internacional.
