La situación de tensión que vive estos días en Ucrania a raíz de los intentos de ciudadanos prorrusos del este del país por emular a Crimea y adherirse a Rusia amenaza con agravarse. El Gobierno ucraniano ha advertido este miércoles de que no descarta utilizar la fuerza para atajar la revuelta secesionista en las ciudades orientales de Lugansk y Járkov. El ministro de Interior, Arsen Avakov, ha subrayado que el conflicto quedará zanjado en 48 horas y el Ejército intervendrá si no se llega a un acuerdo con los separatistas que ocupan edificios públicos en estas dos ciudades.

"Hay dos opciones; la de la negociación y la política, por un lado, y la fuerza por el otro", ha afirmado Avakov en declaraciones a los periodistas antes de una reunión del Gobierno. "Para los que quieren diálogo, les proponemos negociar y buscar una solución política. Los que quieren conflicto, se encontrarán con una respuesta de fuerza por parte de las autoridades ucranianas", ha señalado el ministro.

Las palabras del ministro llegan después de una noche de tensión en la ciudad de Lugansk, donde 60 personas permanecían retenidas en la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que fue ocupada el domingo por activistas prorrusos. Tras intensas negociaciones, hacia las 02.00 de esta madrugada un total de 56 personas habían podido salir del edificio, según ha confirmado el SUB en su página web.

Penas más duras contra el secesionismo

"Los ocupantes de la sede permitieron entrar a varios diputados", subraya el comunicado oficial, que no utiliza la palabra "rehenes" para referirse a las 56 personas que abandonaron "sin armas" el edificio. Según las autoridades ucranianas, los activistas prorrusos se hicieron con las armas de la armería de la sede del SBU y colocaron minas en su interior.

El Gobierno de Kiev ha redoblado las medidas de seguridad en la regiones orientales del país, de población mayoritariamente rusohablante. Por su parte, la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó el martes una serie de enmiendas que endurecen las penas por delitos contra el Estado y castigan con hasta quince años de prisión o presidio perpetuo las acciones separatistas que conduzcan a la muerte de personas o tengan consecuencias graves.