Un grupo de abogados ha denunciado este lunes a la Unión Europea ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los operativos de rescates de inmigrantes en el Mediterráneo, cuya implementación ha derivado en "crímenes de lesa humanidad", según el informe presentado por los letrados. "No solo demostramos que se cometieron crímenes, sino también que hubo unas políticas sistemáticas que tenían como objetivo a una población civil específica", explicó a la agencia Efe Omer Shaltz, uno de los abogados que entregó la denuncia.

El escrito, de más de 240 páginas, se basa en dos políticas de rescates de inmigrantes en el Mediterráneo: Mare Nostrum, impulsada por Italia hasta noviembre del 2014, y Tritón, puesta en marcha posteriormente por la UE a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costa (Frontex).

Tanto Frontex como la Comisión Europea sabían que la transición de Mare Nostrum a Tritón "convertiría el Mediterráneo en un punto mortal" para los inmigrantes, dijo Shaltz, pues supuso la muerte de unos 14.500 inmigrantes entre enero del 2014 y finales del 2017, según la denuncia. "Tenían conocimiento de esto, tenemos documentos que muestran que estimaron el número de víctimas que causarían y lo aceptaron", dijo el abogado, "con el objetivo de disuadir a otros de que cruzaran el Mediterráneo".

DOCUMENTOS DE WIKILEAKS

Dichos documentos internos han sido recopilados a través de Wikileaks, aunque la denuncia también adjunta declaraciones públicas de la Comisión Europea y testimonios de testigos presenciales de los rescates, indicó el letrado. Según los denunciantes, Frontex dejó de patrullar las aguas cercanas a Libia tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) del 2012, que obligaba a los países europeos a trasladar a su territorio a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y a respetar sus derechos fundamentales.

Al alejarse de la costa libia, los barcos de Frontex evitaron tener que cumplir con la sentencia del TEDH y delegaron los rescates en los guardacostas libios, que han sido formados y financiados por la UE, para redirigirlos hacia el país africano y retenerlos en campos de detención. Dicha operación supondría la comisión de al menos dos crímenes de lesa humanidad: traslado forzoso de población y detención arbitraria, ambos estipulados en el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI.

ÓRDENES DE ARRESTO

"Sin el apoyo material y estratégico de la UE, la guardia costera libia ni siquiera existiría. Su contribución es esencial para la comisión de los crímenes", indicó Shaltz, que ha elaborado la denuncia junto a otros abogados internacionales como Juan Branco.

El Consejo de Seguridad de la ONU remitió el conflicto armado de Libia a la CPI en febrero del 2011 y desde entonces la Fiscalía ha emitido varias órdenes de arresto contra militares y jefes de milicias. "Lo que le pedimos a la Fiscalía es que no solo se fije en los traficantes de personas vinculados a las milicias, sino en los actores con la mayor responsabilidad", concluyó el letrado.

RESPUESTA DE LA CE

La Comisión Europea (CE) replicó a la demanda de los letrados recordando las acciones que impulsa desde el 2015 para evitar la pérdida de vidas en el Mediterráneo e indicó que, en lugar de acusar, todos los actores deberían "actuar juntos" contra las mafias que se dedican al tráfico irregular de inmigrantes.

"La Unión Europea tiene una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por si sola", dijo hoy la portavoz comunitaria de Interior, Natasha Bertaud, preguntada por el informe que presentó el grupo de abogados internacionales ante la CPI.

La portavoz indicó que la Comisión Europea ha visto los informes y señaló que no tiene intención de comentar procedimientos que aún no han comenzado. Y destacó que "no es la política europea la que causa estas tragedias", sino los traficantes que "explotan la miseria humana", y consideró que, "en lugar de culpar, hay que trabajar juntos" para terminar con el problema.