La Unión Europea pidió que las acusaciones de "sedición y terrorismo" que ha hecho la fiscalía de Bolivia contra la autoproclamada presidenta del país, Jeanine Áñez, y su equipo de colaboradores, "deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas". El Alto representante de la UE, Josep Borrell, señaló en ese sentido que la causa judicial que volvió a abrir una brecha insalvable entre el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición de centro derecha y derecha, necesita desarrollarse "respetando la independencia de poderes". Para Borrell, el "diálogo" y la "reconciliación" son en ese sentido "cruciales". Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recordó la importancia de "respetar las garantías del debido proceso y la total transparencia en todos los procedimientos judiciales". En términos similares se pronunció la diplomacia de Estados Unidos.
En este contexto, la Fiscalía realizó la imputación formal contra Áñez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, por haber participado activamente del "golpe de Estado" contra Evo Morales, en noviembre de 2019. Áñez deberá alojarse en la cárcel de mujeres de Obrajes de La Paz mientras dure la investigación. Su imagen detrás de las rejas ha provocado un fuerte impacto. "Temo que cuando la élite masista deje el poder, las personas que hoy son cazadas perseguirán, tal vez, a sus verdugos con saña multiplicada. Entonces, nos empujarán a los bolivianos a un círculo vicioso que quizá nunca se rompa", señaló este domingo Andrés Gómez Vela, columnista del diario 'Página siete'. Algo que ya sucedió hace dos años.
