La oferta del Gobierno de Pedro Sánchez de dar un puerto seguro al Aquarius, con 629 inmigrantes a bordo, ha rebajado la tensión creada por la negativa de Italia y Malta a dar cobijo al barco. Pero el problema de fondo no está resuelto. El parche, en forma de mecanismo de cuotas diseñado por Bruselas para resolver la crisis migratoria del 2015 y aliviar a los países en primera línea, nunca ha funcionado y los 28 estados han sido incapaces de pactar desde entonces una solución permanente que permita repartir de forma justa y equilibrada a los refugiados y resuelva las carencias del reglamento de Dublín.

Los ministros de Interior de los 28 llevan meses negociando la reforma de la normativa que regula cómo debe hacerse la acogida de solicitantes de asilo. La actual fue adoptada en el 2013 y deja en manos del primer país de llegada la responsabilidad de examinar las solicitudes de asilo, lo que ha agudizado en los últimos años la presión sobre países como Italia o Grecia, principal vía de entrada a través del Mediterráneo, y que se han visto confrontados a este fenómeno sin demasiada ayuda del resto de socios europeos.

Los líderes de la UE se habían marcado la cumbre del 28 y 29 de junio como fecha límite para llegar a un acuerdo y lograr un mejor reequilibrio aunque la negociación está estancada debido a las antagónicas posiciones que mantienen los Estados miembros. «La reforma de Dublín está muerta. No hay base suficiente para seguir con el debate», zanjaba hace unos días el secretario de Estado de Inmigración belga, Theo Francken. «Un acuerdo parece muy difícil», admitía también la ministra sueca Helene Fritzon.

Bulgaria, que preside este semestre la UE, reconoce que la discusión sobre cuotas es complicada. Su propuesta de compromiso no ha logrado el aprobado general. No gusta entre los países de Europa central y del este, como Hungría, Polonia, República checa o Eslovaquia, que han renegado desde el primer día del sistema de cuotas y se niegan a recibir inmigrantes de otros países. Tampoco gusta entre los que están en primera línea, como Italia o Grecia, porque el reparto solo se activaría en caso excepcional. Una cláusula permite a los países limitar la llegada de solicitantes de asilo y un inmigrante solo podría solicitar asilo en otro país distinto al de llegada una vez pasados dieciocho meses.

Austria, uno de los países que defienden un férreo control de fronteras y donde la ultraderecha está sentada en la coalición de Gobierno, asumirá la presidencia semestral europea el 1 de julio y con ello tomará las riendas del debate. Antes deberán ser los líderes europeos quienes deban pronunciarse y dar la señal política que el drama migratorio requiere. «Tenemos que sentarnos y discutir cómo evitar que esto vuelva a suceder. Es un asunto europeo», advirtió este lunes el primer ministro maltés, Joseph Muscat, aliviado tras el anuncio de España.

La llegada de la Liga Norte al Gobierno en Italia y el repunte del euroescepticismo ha complicado todavía más el debate. Roma ha decidido cerrar a cal y canto sus puertos a los barcos de las oenegés. De ahí que la decisión de Pedro Sánchez haya ofrecido oxígeno y una vía de respuesta generosa ante un fenómeno que todos coinciden va a acompañar a Europa durante muchos años.

«Las decisiones importantes llevan algún tiempo pero no podemos dar largas indefinidamente. La situación en el Mediterráneo indica que no podemos cerrar los ojos ante esto», recordó ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.