El Tribunal Constitucional italiano propinó ayer un nuevo revés legal al primer ministro Silvio Berlusconi, al declarar inconstitucionales dos importantes artículos de la ley de extranjería, que permitían al Gobierno de Roma deportar a un inmigrante sin papeles sin garantías de defensa y apelación, y poner bajo arresto a aquéllos que se nieguen a acatar una orden de expulsión. El tribunal sentenció que un emigrante indocumentado no puede ser expulsado si antes no ha podido defenderse debidamente ante un juez y no ha contado con un abogado defensor.
La sentencia establece que los artículos 3 y 13 violan los derechos constitucionales de igualdad de los ciudadanos ante la ley, denominada Bossi-Fini por estar impulsada por los aliados de Berlusconi en el Gobierno, es decir, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, y el de la Alianza Nacional, Gianfranco Fini.
El veredicto se produce en un momento político muy delicado, cuando Berlusconi se afana en mantener la coalición de Gobierno. Ayer, los centristas de la Unión Demócrata del Centro (UDC) descartaron abandonar el Ejecutivo.
La oposición progresista, que considera "racista" la ley Bossi-Fini, dio la bienvenida al veredicto. El diputado verde Paolo Centro dijo que "han tenido razón quienes en estos meses han luchado con firmeza" contra la ley.
