José Luis Rodríguez Zapatero inició ayer su participación en su primera Cumbre Iberoamericana dejando claro que su Gobierno apuesta por la "democracia social". El presidente llamó a los jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países participantes a incluir las "políticas sociales" entre sus preferencias, porque "es lo que esperan los ciudadanos". Eliminar "la violencia allá donde se produzca" y "erradicar la pobreza" son los objetivos que, a juicio de España, deben guiar el encuentro.

El presidente español aprovechó la circunstancia de que se celebre en Costa Rica para destacar que este país es "un ejemplo" de que "la paz y la democracia" conducen "al progreso" de los pueblos. En su breve alocución al pie del avión, Zapatero se centró en la necesidad de que Iberoamérica supere la política que ha marcado las dos últimas décadas y que se resume en el Consenso de Washington, una receta económica liberal diseñada por EEUU y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aplicó con convicción el Gobierno de José María Aznar y que "no ha logrado buenos resultados", según el jefe del Ejecutivo español.

El giro progresista es el principal mensaje que quiere dar España en esta primera cumbre de Zapatero. El Gobierno trata de exportar a Iberoamérica el cambio político que se ha producido en España. "Sin políticas sociales, no hay estabilidad ni desarrollo económico", defendió el presidente español en una región que cuenta con un 45% de pobres, más de 220 millones de ciudadanos.

DEUDA EXTERNA POR EDUCACION España aporta a esta cumbre, centrada en la educación, la propuesta de canjear deuda externa por programas educativos. Una idea aceptada con satisfacción por todos.

Los 21 aprobaron incorporar al Principado de Andorra al sistema de cumbres iberoamericanas. Su primera participación se producirá en el cónclave que se celebrará en Salamanca en el 2005. El Gobierno quiere que ese encuentro marque un punto de inflexión en el "relanzamiento" de estas cumbres, que se han devaluado en los últimos años.

La ausencia de Hugo Chávez a raíz del atentado en Venezuela elevó a siete el número de países que no envían a la cumbre a sus jefes de Estado o de Gobierno. A pesar de ser el encuentro con más ausencias de los 14 que se han celebrado, los 21 países acordaron por fin crear la secretaría general que se propuso en el 2002 y que dará continuidad y contenido político a los acuerdos adoptados. El 85% del coste de ese organismo corre a cargo de España. El secretario general será previsiblemente el uruguayo Enrique Iglesias.

La cumbre acordó ayer la Declaración de San José , que incluye, a propuesta de Cuba, un párrafo contra el terrorismo y que generó tensiones en la reunión de cancilleres. Cuba pretendía una condena al indulto otorgado en Panamá a cuatro anticastristas a los que Castro acusa de intentar asesinarle. Tras terciar España, se consensuó un texto genérico de condena al terrorismo.