El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) ha recurrido ante la Audiencia Nacional a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En esta sentencia se condenó a acometer obras por valor de 48,8 millones de euros en varios municipios por los que transcurre la línea del AVE Madrid-Lérida.
Fuentes procedentes del gabinete jurídico Setocur, que defiende a los trece ayuntamientos que emprendieron acciones contra el GIF, informaron a la agencia EFE que este recurso planteado ante la Audiencia Nacional agota la vía judicial y puede tardar entre seis y nueve meses en resolverse.
Los ayuntamientos que llevaron al GIF a los tribunales pertenecen a los municipios de Ledanca y Gajanejos, en Guadalajara; Castejón de las Armas, Terrer, Saviñán, Ricla, Sediles, Epila, Pina de Ebro y La Almolda, en la provincia de Zaragoza; Ballobar y Zaidín, en la provincia de Huesca; y Alcarrás, en Lérida.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que el proyecto de construcción de la línea del AVE no se había ejecutado correctamente, ya que no se habían cumplido los requisitos marcados en el plan de obras. Esto provocó deficiencias en infraestructuras de los municipios y condenó al GIF a realizar obras para subsanar dichos problemas.
El presupuesto para la contratación de estas obras de contratación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid asciende a 48.837.780 euros.
El abogado Fernando Guirao, de Setocur, califica de "lamentable" la actitud del nuevo gobierno socialista respecto a esta cuestión, porque "cuando el PSOE estaba en la oposición denunciaba con rotundidad la forma en que se estaba ejecutando la línea del AVE y ahora, en vez de asumir un pronunciamiento judicial que va en ese mismo sentido, argumenta que la obra se hizo correctamente para eludir el coste de las inversiones".
