Un juzgado de Madrid ha dictaminado que el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) no ejecutó correctamente la obra de la línea del AVE Madrid-Lérida a su paso por diferentes municipios, como Terrer, provocando varios destrozos y peligros en fincas colindantes. Por todo ello, un juez obliga ahora al GIF a invertir 31 millones de euros en diferentes obras de mejora.
La sentencia del juzgado contencioso administrativo número 4 de Madrid se conoció a finales del mes pasado, mientras que el recurso fue presentado en el año 2001 por ocho ayuntamientos de Zaragoza, Lérida, Huesca, y Guadalajara afectados por las obras de la línea de alta velocidad.
Entre los consistorios que presentaron el recurso contra el GIF, ente que depende del Ministerio de Fomento, se encuentran dos municipios de la comarca de Calatayud: Terrer y Castejón de las Arnas.
Tras conocerse la noticia, los alcaldes de las localidades aragonesas afectadas no pudieron ocultar su satisfacción por la sentencia que obliga al GIF a reparar una serie de destrozos que van desde grietas en las acequias a casas particulares. Sólo la localidad de Terrer reclamaba al GIF más de tres millones de euros para obras de reparación.
Sin embargo, aún quedan pendientes otras resoluciones para hacer frente a los daños causados por el trazado del AVE en localidades como Zaidín, La Almolda, Epila, Ricla, Sabiñán, o Castejón de las Armas y otras que fueron presentadas por ciudadanos particulares.
En su día, los ayuntamientos que presentaron el recurso contencioso administrativo contra el GIF argumentaron que la obra de la línea de alta velocidad entre Madrid y Lérida había dañado varias propiedades y destrozado caminos y accesos, por lo que exigían al ente público que invirtiera para solventar este tema.
La sentencia sienta un precedente en este asunto ya que son numerosos los ayuntamientos que están descontentos con el GIF, por lo que en las próximas semanas otros consistorios podrían copiar estos pasos y llevar ante el juez al ente encargado de las obras del tren de alta velocidad, aunque el GIF puede recorrer esta sentencia en los próximos días.
En Aragón todavía están pendientes de juicio otras reclamaciones por un valor de más de 42 millones de euros.
